Neumáticos quemados fueron colocados en varios puntos de una avenida en Punta Arenas.
Dos nuevos bloqueos en territorio chileno complicaron la situación de centenares de personas que buscan salir y entrar a Tierra del Fuego, quienes permanecen en la ruta a la espera de una solución al conflicto generado por el aumento del gas en el país trasandino.
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Por tal motivo, la Cancillería argentina expresó su "preocupación" por el conflicto en la zona del Estrecho de Magallanes ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, a quien también le solicitó que intervenga para liberar los accesos a la provincia de Tierra del Fuego, que permanece incomunicada.
A la vez, el Gobierno le pidió a la administración que dirige Sebastián Piñera que "arbitre los medios para el restablecimiento del acceso y la salida a la isla de Tierra del Fuego".
También reclamó "el desbloqueo de todos los pasos cerrados a los automóviles, camiones y personas".
Por otra parte, el vicecanciller argentino Alberto D´Alotto informó a la gobernadora de Tierra del Fuego, Fabiana Ríos, que la situación en esa provincia es de preocupación "porque está en juego el abastecimiento y el tránsito de personas".
Ríos reiteró que "el gobierno provincial está colaborando en todo lo que su competencia admite y permite, poniéndose a disposición de todas las áreas de Nación e incluso de autoridades chilenas para resolver" el conflicto.
La situación se agravó con la interrupción del tránsito en la ruta 257 a la altura del paso internacional de San Sebastián y cerca del cerro Sombrero, por lo que se formaron filas de automóviles y camiones de siete kilómetros sobre territorio argentino y dos kilómetros en Chile, informaron fuentes de la gobernación fueguina.
La secretaria de gobierno Eleonora Demaio dijo que según los reportes que le llegan de Gendarmería "la aduana chilena cerró en forma temporaria ya que no da abasto por la gran cantidad de gente que se acumuló para realizar todo tipo de trámites".
En tanto, cuatro aviones de la Fuerza Aérea trasladaron a las ciudades de Río Gallegos, Ushuaia y Rio Grande a 226 argentinos que se encontraban varados en la ciudad chilena de Punta Arenas y que no podían retornar de ninguna manera al país.
El conflicto comenzó el miércoles pasado cuando una asamblea de vecinos de la localidad chilena de Punta Arenas decidió bloquear el tránsito hacia las barcazas que cruzan el estrecho de Magallanes, que constituyen la única salida por tierra desde y hacia Tierra del Fuego.
La protesta se originó en la suba del 17% del precio del gas impuesto por el gobierno de ese país, aunque luego el conflicto se agravó cuando dos mujeres murieron en el piquete atropelladas por un automovilista.
Los manifestantes habían resuelto flexibilizar y dejar libre el paso en forma intermitente, pero el fracaso de las negociaciones con el gobierno chileno volvió a agravar la situación.
El problema tomó a los fueguinos en plena época vacacional donde se produce un intenso tránsito por el Estrecho de Magallanes desde y hacia la isla.
Pese las recomendaciones del gobierno de Tierra del Fuego de no acercarse a la zona de conflicto, "unas 1.400 personas salieron el domingo pasado hacia esa zona y ahora se niegan a regresar tanto a Ushuaia como a Río Grande", explicó Demaio.
La funcionaria destacó que "se conformó un comité de crisis cuya principal acción es asistir a los argentinos que esperan poder entrar y salir de la isla, al tiempo que buscamos que puedan viajar vía aérea".
"Los vuelos están completos. Intentamos gestionar un nuevo vuelo comercial para ayudar a los turistas que permanecen en Ushuaia aunque no es una situación fácil. También recibimos la colaboración del gobierno de Santa Cruz para que puedan albergar a 200 fueguinos que no pueden entrar a la isla", dijo Demaio.
En forma paralela se intensifican las gestiones con el consulado argentino en Chile y las autoridades de ese país para lograr que a través de la negociación se vuelva a flexibilizar la protesta.
Demaio explicó que "pese a las recomendaciones sigue llegando gente al paso San Sebastián" y que los que están "no quieren regresar". "Llevamos combustible y víveres, están bien provistos", dijo la funcionaria.
Chile puso al máximo responsable de su gobierno, el ministro de Energía y Minería, Laurence Golborne, para reiniciar las tratativas y abrir un nuevo marco de negociación con los asambleístas.
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