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El planteo fue formulado ante el juez federal Norberto Oyarbide, por el abogado Claudio Szapowalo, quien realizó una denuncia penal contra la tripulación del buque Borndiep por presunta instigación a cometer el delito de aborto.
El letrado dijo que, de acuerdo con información que posee, el barco amarrará en zona portuaria para «luego trasladarse a aguas internacionales a fin de interrumpir la vida en la concepción del seno materno».
Por eso pidió al magistrado que «libre urgente interdicto» para que la Prefectura Naval Argentina impida que la nave amarre en aguas y puertos nacionales, o que efectúe traslados de pacientes con otras embarcaciones hasta y desde el Borndiep. El denunciante lamentó que, en vez de prohibirla, se fomente esa actividad «a favor de laboratorios multinacionales que lucran con esa píldora», que se realiza «sin cumplir con las medidas mínimas de salubridad, higiene y asepsia».
El abogado reclamó la creación de una «oficina estatal» que «atienda, contenga y costee con atención adecuada a las mujeres que, por pocos recursos, problemas familiares o presión de sus allegados son obligadas a abortar» y que se equipe un buque de bandera nacional «para realizar tareas de bien por el mundo».
La semana pasada, visitó la Argentina la holandesa Rebecca Goomperts, líder de una organización internacional que promueve el aborto legal, cuya presencia generó violentas protestas de grupos ultracatólicos en el Centro Cultural General San Martín, donde iba a brindar una conferencia sobre el tema.
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