Por inacción, tropieza Cristina con seguridad

Anoche, otra vez desolados la Capital Federal y el Gran Buenos Aires al hacer otro paro los colectiveros. Pese a largas negociaciones, los sindicalistas de la UTA se declararon insatisfechos por las promesas oficiales de darles más seguridad.

Por inacción, casi paralizado, el gobierno no consiguió ayer por inhabilidad propia que se levante el paro de colectivos que cumplió en la madrugada, entre las 22 y las 4 AM, su tercer día consecutivo, tras el ataque -y posterior muertedel chofer Hugo Lencina.

No alcanzó la cita, de urgencia, que le concedió a la cúpula de la UTA, gremio que agrupa a los choferes, el gobernador Daniel Scioli. Ayer lo sentó con el ministro de Seguridad, Carlos Stornelli, y acordó refuerzos policiales en las zonas más calientes.

Como ajenos, en la Casa Rosada miraban otra película. Hasta anoche, el sindicato que conduce Roberto Fernández esperaba una señal del gobierno nacional para suspender la medida de fuerza. Sin reacción, ese contacto oficial tardaba en producirse.

La inacción tuvo un costo adicional: además de extender el paro por tercer día, en todas las líneas que recorren el conurbano y la Capital Federal, ayer la UTA sumó a su protesta a los subtes, que dejaron de funcionar a las 21.30, media hora antes de lo habitual.

Costo inmediato: en Catedral, anoche, el paro comenzó unos minutos antes y eso derivó en una gresca con destrozos y agresiones por parte de los pasajeros. La demora de la Casa Rosada en intervenir generó un problema donde, un rato antes, todo estaba en calma.

Enredos

En Justicia y Seguridad, a cargo de Aníbal Fernández, estaba programado un encuentro.
En Interior, Florencio Randazzo seguía el episodio, pero sin intervenir. Tampoco se esperaba, anoche, que actúe en el caso el flamante jefe de Gabinete, Sergio Massa.
Hubo, por otro lado, contactos con la cartera de Planificación Federal. Desde Transporte, con Ricardo Jaime abocado de lleno al asunto Aerolíneas Argentinas, la negociación con los colectiveros pasó por otra oficina. Seguía, anoche, sin solución.

En esa cartera, gremios y empresarios del transporte tienen un interlocutor permanente. Desde allí opera el «club del subsidio», que cubre gastos de las compañías y suele, además, destinarse a los salarios de los choferes.

Sin embargo, esta vez, como si se tratara de una zona gris, el tema quedó en suspenso sin que nadie se haga cargo para, pronto, desactivar la protesta sindical.

Cabe, eso sí, una observación: Fernández, secretario general de UTA, cambió la hoja de ruta. El domingo le dijo a la prensa que la seguridad de los choferes era «exclusiva responsabilidad del gobernador». El hecho se produjo en el conurbano -González Catán-, pero las líneas llegana la Capital. Cuando Scioli dedicó casi todo su lunes, junto con el jefe de Gabinete, Alberto Pérez y al ministro Carlos Stornelli a escuchar y atender los pedidos de los choferes, el sindicalista de UTA puso como condición para levantar el paro que lo atiendan también funcionarios de la Nación.

Reclamó, además, una reunión con la Jefatura de Gobierno porteño, donde, según explican desde el sindicato, hay «zonas peligrosas» donde se deberían reforzar los controles policiales.

Mapeo

Ayer, en La Plata, con Stornelli y un grupo de comisarios, el gremio y los empresarios mapearon el conurbano y señalaron los lugares más conflictivos. Pidieron que allí se potencie la presencia de uniformados. De esa reunión se fueron con el asentimiento oficial.

Dos reuniones mantuvieron los gremialistas primero con Scioli y Pérez y luego con Stornelli y la cúpula policial para acordar un operativo de seguridad específico para el transporte de pasajeros. No fue suficiente: Fernández se fue de La Plata y pidieron hablar con algún funcionario nacional.

Hay, en carpeta, un menú de asuntos:

Que la provincia refuerce los controles policiales en las zonas más calientes que fueron indicadas por choferes y empresarios, donde habitualmente se producen ataques.   

Montar un sistema satelital, utilizando el sistema de rastreo de la Policía Bonaerense y de la Federal, y dotando de GPS a los micros para tener un control estricto de los horarios y lugares donde se encuentra cada unidad.

También, en una charla que esperaban con Aníbal Fernández, querían que se destine personal de Gendarmería y de Prefectura a operativos de control.

Pero el tema más espinoso es la intención de los choferes de instalar en todos los colectivos cabinas blindadas que aíslen a los choferes de los pasajeros, y de ese modo evitar eventuales ataques. Esa alternativa no es bien vista por el gobierno, ni en Nación ni en provincia.

¿Motivos? Uno muy simple: ante un intento de robo, al no poder atracar al chofer, un delincuente reaccionaría atacando a los pasajeros y, posiblemente, recurriendo a la toma de rehenes. La reserva en ese aspecto es muy fuerte por parte de los funcionarios.

A la reserva oficial se suma el costo económico de ese sistema. Con empresas en quiebra o deficitarias, las compañías reclaman financiamiento del Estado. Ahí sí, Scioli los mandó tocar otro timbre. Lo hicieron, pero no salió nadie a atenderlos.