Postergan penas más duras en Capital

La Ciudad de Buenos Aires se encamina a contar con Policía propia antes de fin de año, y debutará el próximo mes con unos 500 agentes que le responderán, pero al mismo tiempo el Gobierno porteño posterga cambios en las leyes que hacen a la seguridad en la Capital Federal.

No habrá reforma del Código Contravencional porteño, mañana, como lo venían prometiendo los legisladores de la Ciudad de Buenos Aires, con la idea de transformar la norma para hacerla efectiva, ya que hoy resiste la queja de jueces, policías y vecinos.

A cambio, se celebrará una multitudinaria audiencia pública para debatir el tema que llevará tres días en jornadas que se realizarán en el Centro Cultural San Martín animadas por el Gobierno porteño y la decisión de legisladores del oficialismo. Ante el fracaso que se anuncia de la sesión de mañana, donde el oficialismo planteará la necesidad de un mayor debate, la oposición ayer presentó su proyecto de reforma y quiere presionar para que se apruebe tal como estaba anunciado en el recinto mañana, día en que los piqueteros transitarán la Capital Federal y harán una parada en las puertas del Palacio legislativo precisamente para oponersea esos cambios.

Los opositores al gobierno de Aníbal Ibarra, el bloque que conforman peronistas, extrapartidarios, centristas y macristas, hicieron ayer su propuesta de los cambios que impulsan, los que en realidad no están tan alejados de la voluntad del Gobierno porteño, que también quiere especialmente «endurecer los castigos» y más que nada aclarar qué pena le corresponde a cada contravención.

Además de esa discusión, la Ciudad requiere un Código Procesal Penal que no tiene y necesita porque a través de un convenio con la Nación se le traspasaron delitos penales que antes no juzgaba, como portación de armas. Esa es la mayor urgencia para dotar a los jueces de normas claras, pero también se postergará tal vez por seis meses de acuerdo a un proyecto oficialista.

La oposición, lo que planteó ayer se resume del proyecto del extrapartidario Jorge Enríquez, quien ya tenía presentada su propuesta en la Legislatura anterior y consiste en:

. Se le dará a cada contravención una pena específica.

. Instala la figura de la «vigilancia injustificada», a cambio del «merodeo» que todos han coincidido en que es «inconstitucional». Esa figura le permitirá a la Policía detener a individuos en forma preventiva. El Gobierno porteño opina que una figura de tal característica «debe estar acotada a cuatro o cinco casos, como por ejemplo que puedan detener a una persona que está sin que nada lo justifique en el palier de un edificio», explicó el supersecretario de Seguridad y Justicia de la Capital, Juan Carlos López.

. Crear el Registro de Antecedentes y que la reincidencia se tome como agravante. López en cambio se inclina por la figura de «reiterancia» que no requiere de un registro, pero agrava la pena por ejemplo a quien tenga varias actas contravencionales en su contra.

•Proyecto oficialista

Por su parte, el oficialismo -nuclea a ibarristas, kirchneristas, ARI y otras tribus de minorías-presentó a través del legislador Ariel Schifrin, del Frente Popular de la Ciudad, un proyecto para que se conceda un plazo de 180 días para la discusión y posterior elaboración del Código Procesal Penal-para la Ciudad de Buenos Aires. Esa será la propuesta en la sesión extraordinaria de mañana con la cual, con mayoría de votos que podría reunir si se suman bloques de la izquierda y los que responden a Patricia Bullrich-Ricardo López Murphy, se sellará la postergación tan mentada del Código de Convivencia, acusado de ser el mal de todos los males en el distrito porteño.

«Con penas claras para cada delito, que permita que los jueces condenen a más de 1% de los contraventores como ahora, la ley contravencional es útil», opina López, aunque está también de acuerdo en que la norma requiere cambios, especialmente en ese sentido y en atender a las demandas de la Policía que sostiene que la elaboración de actas como está planteada hasta ahora es dificultosa.

Ibarra, el año pasado, antes de asumir su segundo mandato en diciembre, elevó a la Legislatura un proyecto de Código de Procedimiento Penal, que hasta ahora fue rechazado por propios y ajenos por considerarlo poco técnico. López enviará un proyecto propio de modificaciones recién que pase la jornada de audiencias donde quiere que «participe la Policía, no que opine después», aunque esa invitación no está aún del todo confirmada.