El juez federal Ariel Lijo procesó, sin prisión preventiva, al delegado gremial Jorge Montivero y a otros cuatro empleados del Hospital Ramos Mejía en el marco de la causa en la que se investiga el robo y la comercialización clandestina de medicamentos e insumos.
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Fuentes judiciales informaron que el juez dictó los procesamientos y trabó embargos sobre los bienes de cada uno.
Montiveros fue procesado bajo los cargos de "hurto, venta sin autorización de medicamentos que para su comercialización requieren receta médica y tenencia de elementos destinados a la falsificación, todos ellos en concurso real".
En tanto, el resto de los imputados fue procesado por el hurto y la venta sin autorización de los medicamentos.
Como contrapartida, todos fueron beneficiados con una falta de mérito para los cargos de asociación ilícita y venta de medicamentos peligrosos para la salud.
Los acusados habían sido detenidos el 9 de diciembre pasado al realizarse los allanamientos dispuestos por el juez en el Hospital Ramos Mejía, aunque luego fueron excarcelados.
Además de Montivero, fueron procesados los enfermeros Ilda Beatriz Vargas y Juan Carlos Inzaurralde, el telefonista del Hospital, Lucio Herrera y el empleado administrativo Hugo Monzón.
Por su parte, Montiveros aún sigue siendo investigado en otra causa paralela, la cual instruye la jueza federal María Servini de Cubria, por la presunta supresión de estado civil de una beba, que nació en ese Hospital.
Mediante escuchas telefónicas, el juez Lijo pudo determinar que todos los acusados se dedicaban a "sustraer del Hospital Ramos Mejía, medicamentos, los cuales eran comercializados sin autorización médica y a confeccionar recetas y certificados médicos falsos como así también a realizar ingresos irregulares a las distintas secciones del nosocomio simulando en ocasiones accidentes de tránsito".
Todos ellos "tenían fácil acceso a los medicamentos e insumos que se encuentran en el lugar", añadió Lijo en el fallo.
"El apoderamiento de estos medicamentos fue ilegítimo ya que los nombrados tenían pleno conocimiento de que no podían estar en poder de esos medicamentos, pues algunos llevaban insertas leyendas en las que decían medicamentos otorgados por el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad prohibido su venta o llevaban el troquel anulado", señaló el magistrado al dictar los procesamientos.
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