Centenares de docentes santacruceños se movilizaron hoy por el centro de Río Gallegos para reclamar al Gobierno provincial que se abra una instancia de diálogo y se analicen los aumentos salariales que exigen.
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La marcha, que comenzó una vez finalizada la jornada laboral, fue el preludio de una nueva medida de fuerza que se extenderá por 72 horas a partir del próximo lunes 9 de abril.
Los manifestantes, acompañados por representates de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), se desplazaron hasta el Consejo de Educación provincial, ubicado en Roca y San Martín, donde reiteraron el pedido de un análisis a fondo del aumento de su salario básico, que actualmente ronda los 160 pesos.
Alrededor de 1.500 docentes participaron de la movilización, que posteriormente se dirigió hacia la escuela número 1 de esa capital, donde se efectuó un "abrazo simbólico".
Personal de ATE denunció durante la manifestación que representantes gremiales recibieron anónimos intimidatorios, a raíz de su participación en el conflicto docente.
Estas amenazas se sumaron a las agresiones que sufrieron maestros locales y que fueron denunciadas a la policía.
"Pese a las amenazas y a los descuentos seguimos movilizados", afirmó un representante de los docente.
El maestro explicó que "algunos han recibido llamados telefónicos, a otros les han roto los vidrios de sus viviendas e incluso a una compañera le cortaron los frenos del auto".
Ayer, el obispo de Río Gallegos, monseñor Juan Carlos Romanín denunció estas situaciones y sostuvo que la presencia de las fuerzas de seguridad en la calle "es desproporcionada".
"Si llegara a haber violencia como la que hubo, no creo que venga de los docentes; me refiero a todas las amenazas, mentiras, calumnias, malinterpretaciones, rotura de vidrios, sueldos muy mal liquidados, rotura de coches... esas cosas no hablan bien", sostuvo el religioso.
De acuerdo a un relevamiento, el paro de la próxima semana mantendrá los altos niveles de acatamiento que se registraron en las semanas anteriores, pese a los fuertes descuentos que aplicó el Gobierno de Santa Cruz, que en algunos casos alcanzaron casi el 80 por ciento del sueldo, por 11 días de paro.
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