El juez de Quilmes Luis Armella ratificó la orden de desalojo para el predio de Parque Avellaneda donde más de 90 personas continúan, desde el fin de semana pasado, con la toma del complejo de más de 200 viviendas en la avenida Castañares y Lafuente. Las mismas estaban destinadas a vecinos de la ribera del Riachuelo que deben ser trasladados de allí.
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Armella aseguró que si persiste el incumplimiento de la medida, se aplicarán sanciones pecuniarias a los funcionarios responsables.
La usurpación de esos terrenos lleva más de una semana y lejos de encontrarse una solución continúan los cruces entre los gobiernos nacional y porteño, al tiempo que los magistrados se sumaron a la polémica y criticaron al Ejecutivo nacional por negarse al desalojo.
En tanto, funcionarios de los gobiernos Nacional y porteño siguen con las declaraciones cruzadas y mantienen aún la disputa respecto a la responsabilidad que le cabe a cada uno de ellos entorno a la ocupación ilegal.
A más de una semana de la toma del predio, el jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, aseguró que la situación en el Parque Avellaneda con la toma de viviendas "va más allá de las discusiones políticas" y afirmó que se trata de "un problema legal".
"La primera pulseada se da entre el Gobierno (nacional) y un juez federal, cuya orden no es cumplida. La Policía Metropolitana sí acató la orden y estaba ahí para acompañar (a la Policía Federal) cuando se decretó el desalojo", indicó.
Además, el funcionario porteño recordó que "la gente estaba lista para mudarse y le ocuparon la casa", en referencia a las familias a las que se les había asignado las viviendas del complejo.
"Es como que a uno le ocupan la casa, llama a la Policía y esta no actúa. Es difícil de explicar a la gente que la Policía Federal desobedece una orden de un juez federal", agregó en declaraciones radiales.
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