Armas: Urso se toma otra semana para decidir si procesa a Menem

El controvertido juez federal Jorge Urso, convertido en el blanco de todas las críticas de los especialistas en Derecho Penal tanto a nivel local como internacional, se tomará, al menos, una semana más para decidir la situación procesal de Carlos Menem. Sin embargo, técnicamente el juez contará desde ayer los 10 días hábiles que le marca el Código Procesal Penal porque tomará -teoría Bagnasco-al último indagado, en este caso el ex subjefe del Ejército general Raúl Gómez Sabaini, quien ayer también amplió su declaración indagatoria. El ex presidente está acusado por el no menos cuestionado fiscal federal Carlos Stornelli de ser el presunto jefe de una organi zación ilícita que se armó desde el gobierno para contrabandear armas del Ejército.

Junto con el presunto procesamiento de Menem, Urso hará lo propio con el ex ministro de Defensa Antonio Erman González y con el ex jefe del Ejército general Martín Balza, a quienes se les reprocha penalmente ser organizadores de ese presunto grupo ilegal. También se conocerá en la misma resolución judicial la calificación que le imputará a Guido Di Tella, ex ministro de Relaciones Exteriores, indagado también por asociación ilícita y al ex subjefe del Ejército Gómez Sabaini que declaró ayer. A los dos les imputará ser integrantes con lo que no quedarán detenidos. Precisamente el hecho de que Urso haya decidido incluir a este militar en el grupo de acusados sobre los que resolverá, hizo caer en la conclusión de que podría estar buscando una salida a su propia complicada situación funcional al crecer el nivel de las críticas por la aplicación del polémico criterio de calificar con asociación ilícita a un gobernante y sus colaboradores, sin especificar y probar otros delitos.

La decisión de Urso de postergar su fallo sobre Menem permitirá que su abogado defensor Oscar Roger llegue a tiempo con la presentación de un escrito cuestionando la forma cómo se instrumentó en ese juzgado la detención de Menem. En cambio, su colega Mariano Cavagna Martínez se prepara para la defensa que se hará ante la Sala II de la Cámara Federal Penal convencido del procesamiento de su cliente y la necesidad de armar una sólida en instancias superiores. Entre los apoyos jurídicos que se les brindan a los dos abogados -muchos de ellos parten de César Arias, Mariano Cúneo Libarona y otros profesionales expertos en Derecho Penal que se han sumado espontáneamente a último momento-existe el listado de nulidades que podrían plantearse y que compartirían por lo menos dos de los tres jueces -Martín Irurzun, Eduardo Luraschi y Horacio Cattani-que integran esa sala.

Nuevo escrito

Las principales nulidades serían la falta de identificación de los integrantes de esa presunta asociación ilícita, cuyos nombres no le fueron comunicados a Menem, a quien se lo acusaba de ejercer la jefatura; haber utilizado los testimonios de Zulema Yoma como prueba en su contra pese a que el Código Procesal Penal lo prohíbe taxativamente, ni siquiera se la tendría que haber convocado a indagatoria; tomar como prueba las sospechas subjetivas del fiscal Stornelli que es parte en el juicio y su nivel de acusación está equiparada al de la defensa; buscar nuevas pruebas como supuestas operaciones con Irak y enriquecimiento ilícito para poder completar el plexo acusatorio sin que tengan que ver con el objeto procesal de esta causa, basado exclusivamente en el presunto contrabando de armas a Croacia y a Ecuador.

Sobre el enriquecimiento ilícito, Arias presentó ayer un nuevo escrito ante el juez Juan José Galeano, quien instruye esta causa antes que Urso, planteando la cuestión de competencia y negándole a este último juez facultades jurisdiccionales para investigar este presunto delito. Urso requirió informes a la Policía Federal, registros de la Propiedad Inmueble y Automotor de la Nación y de las provincias, Escribanía General de la Nación, Banco Central, Colegios de Escribanos, Registro Nacional de Buques, Caja de Valores, AFIP y Banco Central del Uruguay sobre los bienes o depósitos financieros que pudiera tener el ex presidente y sus familiares directos e indirectos.

Arias defendió ante Galeano, la aplicación del principio «noh bis in idem» porque el ex presidente ya fue juzgado y sobreseído por el juez federal de La Rioja, Miguel Angel Morales. Ese fallo del juez riojano hizo desestimar otra denuncia por parte del juez Jorge Ballesteros por el mismo delito que habían denunciado los entonces diputados nacionales del Frepaso Carlos Chacho Alvarez, Diana Conti y Gustavo Cardesa. Las imputaciones que sirvieron de base a la presentación judicial habían sido tomadas de revistas que se oponían políticamente al menemismo. Con su presentación, el abogado de Menem quiere evitar que se lo juzgue dos veces por el mismo delito, violando claras garantías constitucionales.