El gobierno rechazó el pedido de extradición de Alfredo Astiz que había sido solicitado por la Justicia de Italia. Tras una sorda puja entre el ministro de Relaciones Exteriores, Adalberto Rodríguez Giavarini, y el de Justicia, Jorge de la Rúa, el viernes pasado finalmente se firmó la respuesta de la Cancillería a la pretensión de Italia: el rechazo a la extradición de Astiz, tal como este diario adelantó en su edición del 2 de julio. En los próximos días la jueza federal María Servini de Cubría debería ordenar la libertad del marino que está detenido en la Prefectura Naval, en Zárate.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
La comunicación diplomática al gobierno italiano se basa en el principio jurídico «non bis in idem» es decir el desconocimiento de cualquier reiteración o renovación de la persecución penal por hechos que ya fueron juzgados por tribunales argentinos. El pedido de la Justicia italiana contempla hechos y personas ya juzgados por tribunales argentinos en procesos que se iniciaron en el gobierno de Raúl Alfonsín.
La jueza María Servini de Cubría había firmado una orden de captura contra Astiz y contra el ex marino Jorge Vildoza a pedido del juez italiano Claudio Tortora, que los acusa de la desaparición, ocurrida el 18 de junio de 1977, de Angela María Aieta y de Juan y Susana Pegoraro.
La jueza federal decidió la captura de Astiz pues en las desapariciones investigadas por los tribunales italianos hay una vinculación con el caso de la apropiación de Evelyn Vázquez. Según los indicios, Evelyn Vázquez, cuyo apropiador, Policarpo Vázquez fue procesado por Servini, y dejado en libertad por la Cámara Federal, sería hija biológica de Susana Pegoraro.
Jorge de la Rúa se desdijo de su postura pública; había afirmado que «el pedido tiene que tramitarse judicialmente», sin embargo se atuvo a sus propias conclusiones elaboradas en un extenso documento de 45 páginas fechado el 2 de marzo de 2001 y girado a la Cancillería en el que se establece: «... del análisis de los pedidos de asistencia resulta que, en la mayoría de los supuestos, éstos se formulan en relación a hechos y a personas que ya fueron juzgados por jueces argentinos, en aplicación del principio de territorialidad de la jurisdicción penal. En estas condiciones, y de manera expresa, la Ley N° 24.767 de Cooperación Internacional en Materia Penal así como también las disposiciones de tratados bilaterales prohíben la concesión de una extradición...».
El Ministerio de Justicia y la Cancillería se tomaron un tiempo para dar a luz la negativa al pedido del juez italiano Claudio Tortora, a pesar de que varios voceros oficiales, entre ellos el ministro de Defensa, Horacio Jaunarena, habían adelantado que no se concedería la extradición.
La reticencia de Rodríguez Giavarini a involucrarse en asuntos del pasado se hizo visible con el caso de otro marino: Ricardo Miguel Cavallo, detenido en México mientras se define si se lo envía a Madrid a pedido del juez Baltasar Garzón.
Dejá tu comentario