Beraja negó contactos con policías acusados en AMIA

El ex presidente de la DAIA (Delegaciones Asociadas Israelitas Argentinas) Rubén Beraja negó ayer que haya intervenido en el pago de 400 mil dólares a uno de los principales imputados por el atentado de la AMIA, Carlos Telleldín, para que acuse a los ex policías bonaerenses que lideró el ex comisario mayor Juan José Ribelli, considerado por los fiscales como la persona que entregó la camioneta cargada con 100 kilogramos de amonal que estalló en la mutual judía. Beraja estuvo cuatro horas con el juez federal Claudio Bonadío que investiga una denuncia presentada por el ex ministro de Justicia Ricardo Gil Lavedra, aunque el testigo más importante en contra de Galeano es un ex secretario de ese juzgado: Claudio Lifschitz, un abogado que se desempeñó en el Servicio de Inteligencia de la Policía Federal y cuyos dichos fueron refutados en el expediente de Bonadío. Sin embargo, el tribunal del juicio por la AMIA interrogará a Galeano y a Beraja por estas supuestas irregularidades.

Este juicio parece haber ingresado en su recta final y se cree que la investigación judicial más importante de la Argentina recién quedará concluida a mediados del año próximo, cuando los fiscales estén prontos para acusar a los principales imputados: los mencionados Telleldín (h) y los ex policías de Ribelli. Mientras tanto la conexión internacional del ataque quedó plenamente esclarecida -como lo anticipó este diario en primicia nacional e internacional-al ser identificado el chófer de la camioneta que estalló contra el edificio de Pasteur 685 al punto de que el juez Juan José Galeano sacará antes de fin de mes una resolución donde responsabilizará al Hizbollah -partido político-militar del Líbano con conexiones con Irán al momento del atentado- de la masacre que les costó la vida a 86 personas e hirió a más de 200.

De todos modos, el juicio que llevan adelante los jueces Guillermo Gordo, Héctor Larrambebere y Gerardo Pons aún no ha podido descifrar el agujero negro que se presenta a los investigadores sobre el movimiento de la camioneta entre el 10 de julio de 1994 cuando Telleldín la entregó a los ex policías bonaerenses y el 18 de julio cuando efectivamente se cometió el atentado cargada con 100 kilogramos de amonal. ¿Sabía Telleldín, lo mismo que Ribelli y compañía, que la camioneta iba a ser utilizada en el atentado? ¿Si lo niega, cómo explica sus viajes antes y después a Ciudad del Este donde residió la célula dormida que se sospecha participó directamente del ataque? ¿Cómo explica el comisario Ribelli la cantidad de dinero que recibió en esa época y el crecimiento desmesurado de su patrimonio en comparación con el exiguo salario de oficial de policía? Los fiscales Eamon Müllen, Alberto Nisman y José Barbaccia están seguros de quebrar los argumentos de la defensa y probar la culpabilidad de los imputados.

De todos modos, aún faltan finalizar acciones importantes que pueden abrir giros inusitados si se comprueban las sospechas existentes: el primero es la causa abierta contra Galeano en el juzgado de Bonadío por denuncia de Lifschitz. Sobre este ex secretario del juzgado llueven sospechas de ensuciar la investigación y de aprovecharse de un «guerra de servicios» derivada de la investigación de la AMIA, que incluyó sumarios y cesantías de ex agentes del DPOC (División Protección del Orden Constitucional) de la Federal y del Grupo Patria de la SIDE que fue creado por el ex «Señor 5» Hugo Anzorreguy para intervenir en esa complicada investigación. De lo que surja de esta causa en lo de Bonadío dependerá el futuro de Galeano como juez.

• Promesa

Galeano está acusado -según un video que en su momento exhibió el abogado Mariano Cúneo Libarona, primer defensor de Ribelli- de haberle prometido ese pago a Telleldín si acusaba a los miembros de lo que primero se conoció como «la mejor Policía del mundo» y después como «maldita Policía». El otro hecho que se tratará de dilucidar es si un ex funcionario se encuentra comprometido con un aparente encubrimiento de la investigación. Abolghassem Meshabi, conocido como Testigo C, en el expediente de Galeano le dijo en México de 2000 que un ex miembro de ese gobierno viajó a Teherán y negoció un pago de u$s 10.000.000 para que el régimen integrista de los ayatollah no se vieran comprometidos con la investigación judicial. Meshabi es un ex alto funcionario del Departamento de Inteligencia de Irán destinado a controlar las organizaciones terroristas que actuaban en el exterior como sicarios del Islam. Precisamente su detención se produjo después del ataque en el restorán Mykonos, de Berlín, a un grupo de disidentes del ayatollah Khamenei.