La Corte de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires resolvió rechazar una demanda presentada por los empresarios que explotan bingos en la Capital Federal, en un capítulo más de la pelea por los juegos de azar que mantienen el Ejecutivo porteño y el gobierno nacional.
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Los locales de bingos, concesionados por Lotería Nacional, se quejaron ante la Justicia por la ley de juegos de la Capital Federal. Consideraron que la norma era anticonstitucional porque deja en forma exclusiva para el distrito porteño la regulación, autorización, organización, explotación, recaudación y administración de los juegos de apuesta en su territorio.
La pelea se inscribe en la puja de Lotería y los bingos por instalar máquinas tragamonedas en los locales, lo que provocó más de cuatro causas judiciales y posteriores allanamientos de locales de bingos para verificar la existencia de las máquinas recreativas prohibidas por la Ciudad.
La semana pasada el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires rechazó la presentación de los apoderados de la Unión Transitoria de Agentes SA, National Game, Bingo Lavalle, Bingo Caballito y Royal Ascot, en una causa que tramitó la Procuración porteña, a cargo de Juan Carlos López, quien además es cuñado del jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra.
Los concesionarios de los juegos entendieron que la polémica ley 538 colisionaba con la Constitución nacional porque «al no estar la Ciudad de Buenos Aires equiparada en su status a las provincias no puede alzarse contra el gobierno federal pretendiendo tener autoridad sobre materias que en la órbita capitalina siempre fueron reguladas por el gobierno federal». Con ese argumento, tanto Lotería Nacional SE cuya recaudación se destina al área de Bienestar Social de la Nación, como los dueños de los bingos concesionados, intentaban impedir que una legislación de un distrito se interponga en una actividad nacional. Por otra parte los demandantes expusieron que la llamada ley Cafiero, que limitó la autonomía porteña, no había transferido la regulación de los juegos de azar y por lo tanto el gobierno federal conservaba esos derechos.
La Procuración contestó esa demanda rechazando que la regulación de las apuestas «no está sujeta a la competencia federal desde que siempre correspondió a los poderes provinciales».
Durante el curso del proceso, incluso se presentó el secretario general del gremio de empleados de Juegos de Azar, Víctor Amoroso, quien adhiere a la postura de Lotería por «defender la fuente de trabajo».
Los jueces respondieron en su fallo que «el Congreso de la Nación al dictar el Código Civil dejó sentado en el artículo 2069 que las loterías y rifas, cuando se permitan, serán regidas por las respectivas ordenanzas municipales o reglamentos de Policía» y que también el artículo 2055 alude a «alguna ley o reglamento de Policía al regular cierto aspecto de las deudas de juego o de apuestas».
Por otro lado, los magistrados expresaron que con anterioridad a que se declarara en 1994 la autonomía de la Capital Federal, «el carácter local de la reglamentación de los juegos de azar ya se encontraba legislativamente establecido desde que el Código Civil entró en vigencia».
En la Procuración porteña consideraron que la resolución de la Corte local «es muy sólida y termina con la pelea con los bingos», aunque admitieron que de todas maneras los bingos, que presentaron la demanda, pueden apelar a la Corte Suprema de la Nación, que ya tiene para resolver otras cuestiones referidas al juego, como la contienda por el ingreso de máquinas tragamonedas a la Ciudad. Mientras tanto, hoy la Legislatura debatirá en la reunión de Labor Parlamentaria la creación de un instituto que oficie de reglamentación de la ley de juegos para controlar la actividad en el distrito.
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