Caso actual provoca giro en investigación

La Justicia podría avanzar en la investigación del pago de sobresueldos a funcionarios, reconocido por María Julia Alsogaray desde prisión, incorporando otros casos actuales de desvíos de fondos en negro. Ya se citó a Cavallo, Camilión y Granillo Ocampo a prestar declaración indagatoria en esa causa. Pero no puede olvidarse que existieron y existen hoy situaciones igualmente confusas. Como el caso de la contratación de personal en una dependencia del Estado bajo este gobierno que no fue confirmada por el correspondiente decreto. Esos agentes, luego despedidos, terminaron reclamando una indemnización (también en negro) cuando nunca aparecieron en los registros contables oficiales. Lo investiga ya la Justicia. El problema es amplio en la estructura de la administración y hasta derivó en la toma de oficinas públicas.

María Julia Alsogaray

La existencia de fondos no declarados dentro de la contabilidad del Estado argentino no es algo ni nuevo, ni extraño. Salen a la luz esos montos en negro, reservados o discrecionales, como se los quiera llamar, cada vez que se denuncia políticamente algún caso en particular o se produce algún conflicto. Como el caso de una empresa del Estado que bajo este gobierno contrató personal que nunca llegó a ser nombrado por decreto -se sabe de la reticencia, a veces positiva, de este gobierno a firmar libramientos de fondos- y luego algunos fueron despedidos, aunque los sueldos fueron pagados durante ese tiempo. Unas 30 personas reclamaron, entonces, las indemnizaciones -llegaron incluso a plantear la cuestión algunos ante la Justicia laboral que entiende en varios casos que debieron ser pagadas con fondos de dudosa imputación, es decir también provenientes de fondos reservados-.

Casos como éste, de ventilarse como correspondería en la Justicia, podrían dar un vuelco actual y pasado al uso de los fondos reservados o de una contabilidad creativa en exceso.

Es una situación similar a lo que puede verse en estos días con la citación a tres ministros del gobierno de Carlos Menem -Oscar Camilión, Domingo Cavallo y Raúl Granillo Ocampo- para prestar declaración indagatoria por los sobresueldos cobrados en esa época, sólo para que se entienda debemos agregar «sin declarar» porque las lagunas legales son amplísimas en este tema, que denunció María Julia Alsogaray para justificar su incremento patrimonial.

Sola y en la cárcel, la hija del ingeniero repitió, a través de declaraciones de su hijo, que había recibido fondos aparte de su sueldo como funcionaria en la Secretaría de Medio Ambiente. Esas declaraciones no son nuevas: tanto la prensa como la Justicia saben de esos sobresueldos desde hace años, se conoce que el ex secretario de Granillo Ocampo ratificó la versión -incluso le puso monto de $ 100.000 mensuales- y hasta María Julia explicó que Domingo Cavallo pidió alguna vez a sus compañeros de gabinete que blanquearan esos sueldos en sus declaraciones. En lo demás, no hay demasiada novedad, más allá de llegar a las elecciones con el menemismo declarando en los tribunales, una vez más.

• Dimensión

En un país donde definir el sueldo de un funcionario del Estado siempre estuvo signado por el ocultamiento con vergüenza, mientras en algunos casos no se cobraba lo que realmente hubiera correspondido a la responsabilidad del cargo, otros recibían retribuciones siderales sin justificación; no es extraño que aparezcan sueldos liquidados en negro, el tema es la dimensión que alcanza el problema en la Argentina, que termina colocando a los Estados nacional y provinciales en los primeros «negreros» de la economía del país.

Para definir seriamente el problema es necesario dividir entre el uso de fondos reservados y el uso de partidas o libramientos de pago con imputaciones con destino distinto del que originalmente fue dispuesto.

Una primera definición debe tomarse como regla: el Estado no tiene plata en negro. Es decir, no existen ingresos en la administración pública que no puedan justificarse como para tener que llevarlos a través de una contabilidad paralela.

Pero eso no implica que el dinero blanco del Estado -recibido por recaudación o venta de bienes y activos- pueda volverse negro en su distribución. Es el caso totalmente opuesto de lo que sucede en la economía de un particular que cobra ingresos no declarados.

El primer caso, entonces, se configura cuando se firma, por ejemplo, un contrato para limpieza, publicidad o servicios profesionales. Con el contrato aprobado esa área del gobierno se hace de los fondos aprobados por el organismo o jurisdicción superior y los dedica luego a otro fin, que por lo general es pagar sueldos o contratos que no fueron registrados. Esto sucede generalmente con una intención provisoria, mientras «sale» el decreto nombrando oficialmente al empleado o asesor. Pero a veces se prolonga en el tiempo y da lugar a la existencia, muy común, de personas que trabajan para el Estado sin estar registradas en el más mínimo papel.

Hubo dos casos concretos de esta situación con los que se encontró el gobierno de Eduardo Duhalde. Al mes de asumir la presidencia, el Ministerio de Economía recibe un alerta del INDEC: empleados habían cercado -virtualmente estaba de rehén- a un director del organismo en reclamo por fondos impagos. La Secretaría de Hacienda chequeó la situación salarial de esa dependencia, ante la creencia de que todos los sueldos estaban al día; de hecho, por ese entonces, en medio del incendio económico, sólo se pagaban sueldos y jubilaciones. Efectivamente en los registros de Hacienda aparecieron los salarios al día, pero la realidad indicó que existían 1.200 personas que habían sido contratadas para tareas relativas al censo que no aparecían en ningún registro. Estaban todos en negro y tampoco había el más mínimo indicio de la situación previsional de los manifestantes.

• Contratados

Una situación similar se vivió en esos tiempos con empleados que habían sido contratados para hacer las tareas pre y poselectorales, que tenían todavía sueldos por cobrar y no aparecían en la contabilidad.

En estos casos, los fondos originales no partían de los famosos gastos reservados, sino de partidas que tenían un claro y blanco destino que luego se desviaban para atender necesidades del momento.

Es decir, existió la transferencia de Tesorería para el «programa censo», pero ninguna garantía de cómo se distribuían los fondos dentro de ese programa.

En el caso de los fondos reservados la cuestión es más complicada porque, aunque parezca gracioso, legalmente es menos comprometido su uso que el desvío de partidas para pagar sueldos en negro. Como la SIDE, madre de ese tipo de gastos, que tiene casi la totalidad de sus empleados -incluso nombrados en muchas embajadas con sueldos en dólares- en esa categoría de inexistentes. Esto es así porque, básicamente, los fondos reservados no tienen un reglamento claro que indique para qué deben ser usados.