Caso Triple A ya rumbo a la Corte

El jefe de la custodia de José López Rega y de «Isabel» Perón reclamó ayer el cierre de la investigación por considerar que los delitos cometidos en la década del 70 se encontraban prescriptos.

Juan Ramón Morales, ex jefe de la custodia de José López Rega y uno de los detenidos en la investigación por los crímenes cometidos por la Triple A, dio el primer paso de una encarnizada disputa legal que puede terminar en la Corte Suprema de Justicia. El ex policía planteó ayer cierre de la investigación al considerar que la causa está «prescripta».

Al plantear la prescripción de la causa, Morales cuestionó la decisión del juez Norberto Oyarbide de considerar los crímenes de la Triple A como de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptibles.

El acusado consideró que como los crímenes investigados fueron cometidos durante la década del 70, por lo tanto, debido al tiempo transcurrido ya estarían prescriptos.

Ayer, el magistrado solicitó la opinión del fiscal Gerardo Di Massi, quien actúa en la causa durante la feria, para que dictamine si los crímenes de la organización están o no prescriptos. De todos modos, el planteo de Morales tiene pocas posibilidades de prosperar ya que para la fiscalía la declaración como delito de lesa humanidad ha sido correctamente fundada por el juez Oyarbide.

La cuestión recaerá en la Sala I de la Cámara Federal de Gabriel Cavallo y Eduardo Freiler. Ambos camaristas ya fijaron posición en temas relacionados a las violaciones de los derechos humanos aunque lo hicieron con delitos cometidos durante la dictadura militar.

El pasado 26 de diciembre, Oyarbide declaróque la serie de asesinatos cometidos por la organización paramilitar durante el último tramo del tercer gobierno peronista -antes de la dictadura militar que comenzó el 24 de marzo de 1976- son de «lesa humanidad e imprescriptibles».

La definición fue tomada al momento de pedir la extradición del ex policía Rodolfo Almirón, quien está acusado junto con Morales y Miguel Angel Rovira de más de media docena de asesinatos.

En sus fundamentos del fallo, Oyarbide citó normas de derecho internacional y doctrina de la Corte Suprema de Justicia y sostuvo que los delitos investigados en esta causa «son imprescriptibles y es responsabilidad del Estado argentino juzgarlos como integrante de la comunidad internacional».

«La existencia de la Triple A y los distintos hechos cometidos por sus miembros obedecieron a circunstancias políticas, enmarcadas en cuestiones ideológicas y montada desde el aparato del Estado, bajo cuyo amparo y garantía de impunidad actuó la asociación, en una práctica generalizada que de por sí constituyó una grave violación a los derechos humanos», argumentó el magistrado.

Agregó: «Justamente porque fueron implementados y llevados a cabo desde el Estado y por sujetos que respondían a ese poder».

Entre los crímenes adjudicados a la Triple A figuran el del diputado peronista Rodolfo David Ortega Peña y los de Alfredo Curutchet, Julio Troxler, Luis Mendiburu, Silvio Frondizi, Carlos Laham y Pedro Barraza, ocurridos en 1974.

Apelaciones

Aunque la Cámara se apartará de considerar que los crímenes cometidos por la Triple A son de lesa humanidad, varias organizaciones de derechos humanos y políticas -que pidieron ser tenidas como querellantes-seguramente apelarán dejando a la Corte Suprema decida sobre el archivo o no de esta causa que encierra buena parte de la última historia de la Argentina.

Por lo pronto, ayer la Cancillería remitió a la embajada argentina en España el pedido de extradición de Rodolfo Almirón, reclamado por su presunta participación en crímenes cometidos por la organización parapolicial en la década del 70.

Una vez que sea recibido en la embajada será reenviado al Ministerio de Asuntos Exteriores español en un plazo de 48 horas. Paradójicamente quien deberá cumplir con ese trámite será el embajador Carlos Bettini, otrora defensor de «Isabel» Perón. El abogado llegó a ser, incluso, el puente político en un encuentro entre la viuda de Perón y Carlos Menem.

A su vez, la Cancillería española enviará el pedido a la Audiencia Nacional de Madrid, que analizará el planteo, pero la extradición podría demorar un año o más, según lo reconoció el propio Oyarbide hace unos días. Es que el planteo, que finalmente lo resuelve el gobierno español, tiene varias alternativas de apelación, algo que seguramente utilizará el acusado para impedir o al menos demorar su retorno a la Argentina.