Causa Triple A: Oyarbide dictó la prisión preventiva de Isabel Perón para lograr su extradición

Isabel Perón.

El juez federal Norberto Oyarbide dictó ayer la prisión preventiva de la ex presidente María Estela Martínez de Perón y los tres ex policías Juan Ramón Morales, Rodolfo Almirón y Miguel Angel Rovira, investigados en la causa iniciada por los crímenes de la Triple A.

La resolución fue tomada con el objetivo de lograr la extradición a la Argentina de la viuda de Perón y de Almirón, ambos detenidos en España.

Además, Oyarbide dictó embargos por 500 mil pesos sobre los bienes de Morales y Rovira, ambos integrantes de la custodia de la ex presidente y acusados por los crímenes -junto con Almirón- del diputado Rodolfo Ortega Peña, el dirigente Julio Troxler, el periodista Rodolfo Barraza y el fotógrafo Carlos Lahan, entre otros.

En su resolución, el magistrado afirmó que dictó la prisión a Martínez de Perón con el fin de "lograr su extradición a la Argentina para ser juzgada" por los delitos cometidos por la organización de extrema derecha durante su gestión al frente del Gobierno (1974-1976).

Los voceros judiciales consultados indicaron que Oyarbide pretende indagar "cuanto antes" a Isabel Perón por su presunta responsabilidad en las acciones de la Triple A.

La medida de Oyarbide se produjo dentro de los plazos previstos para resolver la situación jurídica de la ex presidente (diez días corridos), ya que la había procesado el 16 de enero último.

Como Isabel Perón se encuentra en España, el juez tuvo que dictar la prisión preventiva para que se presente a indagatoria, ya que si hubiese estado radicada en el país, habría tenido la opción de dejarla en libertad a pesar del procesamiento, siempre que no considerase que existe peligro de profugarse.

El juez calificó a las acciones de esa organización paraestatal como el resultado de una "política terrorista, institucionalmente implementada", a la vez que recordó que se trata de "delitos de lesa humanidad e imprescriptibles".

En la orden de captura internacional firmada hace dos semanas, el magistrado señaló que había procesado a Isabel "en la órbita de uno de los ministerios del Poder Ejecutivo Nacional -el de Bienestar Social- se habría gestado y habría funcionado la asociación ilícita denominada Triple A".

"Dentro de sus oficinas se encontró cantidad de armamento que excede ampliamente lo que razonablemente puede considerarse adecuado para la seguridad de sus dependencias y funcionarios", apuntó.

Subrayó: "Existen constancias acerca de compra de armamento al extranjero a través del Ministerio de Bienestar Social, encabezado por José López Rega, tal como lo han declarado -entre otros- Alejandro Ferreira Lamas y Horacio Alfonso Sierra, no pudiéndose descartar que en las operaciones hubiera intervenido directamente el Poder Ejecutivo Nacional".

La ex presidenta también está procesada por el juez federal de San Rafael, Héctor Acosta, por la desaparición de un estudiante mendocino en febrero de 1976.

Acosta la investiga por la firma, el año anterior, de tres decretos que ordenaban acciones contra la guerrilla bajo la siguiente instrucción: "ejecutar las operaciones militares que sean necesarias para aniquilar el accionar de los elementos subversivos".

Debido a que la ex presidenta se encuentra radicada en España desde 1981, ambos magistrados ya notificaron su voluntad de extraditarla a la Cancillería Argentina, para que proceda con el trámite de acuerdo a lo establecido en los acuerdos firmados entre ambos países.