El trabajo del oficialismo detrás de escena no se detuvo en el Congreso pese al viaje de decenas de legisladores. La estrategia libertaria parece corresponderse a la promesa presidencial de los 90 proyectos aprobados: aunque no llegarán a esa cifra, mientras tengan mayoría parlamentaria buscarán sanciones mensuales para garantizarse triunfos políticos y así revertir los traspiés económicos y judiciales. El próximo objetivo es la ley Hojarasca, que podría ser sancionada la semana que viene en Diputados.
El Gobierno planea una nueva sesión en Diputados para aprobar la ley Hojarasca
La estrategia oficialista incluye tratarlo el próximo martes en comisiones para llevarlo al recinto al día siguiente. Buscan un triunfo antes de la presentación de Manuel Adorni.
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La Libertad Avanza se busca anotar otra sanción en el Congreso.
La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Desregulación, está orientada a derogar unas 70 leyes que el Gobierno considera obsoletas o contrarias a su lógica de libertad individual. Según su calendario, se podría tratar el martes 21 de abril en comisión, donde obtendría dictamen, mientras que llegaría a la sesión al día siguiente para ser aprobada. Sería la última actividad en la Cámara de Diputados previa a la visita de Manuel Adorni para dar su informe de gestión, en una jornada que tiene prevista la visita del presidente Javier Milei.
"No está complicada la votación", aseguró un referente del bloque libertario a este medio, aunque admitió que existe "un tema con las cooperativas". Aludía a la eliminación de la Ley Nº 11.380 (sancionada en el año 1926), que ofrece facilidades crediticias a las cooperativas por parte del Banco Nación. Los demás espacios consultados por Ámbito reconocieron que el proyecto continúa en instancia de estudio por parte de los asesores. "No es desfavorable lo que pensamos, pero existen algunas objeciones", sintetizaron.
Otra complicación que este medio pudo constatar proviene del malestar que surgió en aliados al oficialismo, dado que la Ley Hojarasca elimina el aporte estatal nacional al Círculo de Legisladores de la Nación Argentina y a la Federación Argentina de Municipios, cajas que los vinculan. "Que sea lo último que nos piden", remarcó un diputado provincialista, que ilustró el ánimo general de los alineados.
En el oficialismo admiten que existe un rol cada vez más protagonista del Ministerio de Desregulación -encabezada por Federico Sturzenegger- en el plan de Gobierno, en donde distintos organismos -como el Servicio Meteorológico Nacional- están reduciendo su planta acatando la estrategia para repetir el superávit fiscal. El próximo objetivo libertario buscará insistir en dos proyectos que le representaron un constante malestar político, económico y judicial: busca sancionar propuestas que reemplacen la emergencia en discapacidad y la ley de financiamiento universitario.
Ley Hojarasca: qué dice el proyecto
Dentro de las decenas de leyes que se buscan eliminar, se encuentran varias que quedaron vetustas: una que autoriza las emisiones de televisión a color; la que otorga un premio a quien descubra una mina de carbón; la que inhabilita por 10 años a cualquier autoridad que mande a azotar a una persona; o la que crea una matrícula de las palomas mensajeras de carrera, cuya obligación recae en la Federación Colombófila Argentina.
A su vez, también derogaría la ley que crea el “carnet de mochilero” que pretendía ser obligatorio para aquellas personas que viajen “a dedo”. Una de las más peculiares es la eliminación de de la figura de “Padrinazgo Presidencial”, que busca blindar la responsabilidad de un séptimo hijo varón –con los años se incluyó a la séptima hija mujer– de un mismo matrimonio de la tutela simbólica del Presidente de la Nación en caso que se convierta en el lobizón.
Hay otros que cuentan con una lógica concreta, pero que se incluirán en el paquete de derogaciones por no alinearse con los objetivos del Gobierno. Por ejemplo, la Ley N° 14.800, que obliga a quien demuela una propiedad con salas de teatro construir un teatro con características similares a la propiedad demolida; o la Ley N° 21.159 que obliga al personal de la Administración Pública Nacional que cumple funciones relacionadas con el turismo a tener un curso de formación turística. También se terminaría con la Ley 16.789, que establece que los funcionarios que adquieran automóviles destinados a su servicio, “deben comprarlos entre los productos de la industria automotriz nacional”.
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