Cavallista intentó despegar del caso

El secretario de Industria, Carlos Sánchez, derivó ayer en el Ministerio de Defensa las eventuales responsabilidades del armado de los decretos que permitieron la venta de armas a Ecuador y a Croacia aunque también rozó a su jefe, Domingo Cavallo, cuando le respondió al juez en lo Penal Económico Julio Speroni que el titular de la Aduana se reportaba funcionalmente al ministro de Economía durante una indagatoria que duró 3 horas. De todos modos, Speroni consideró en su último fallo que los decretos se impusieron por sobre los reglamentos aduaneros, con lo que se le quita responsabilidad en el control de las exportaciones. Pese a ello, el juez que investiga presunto contrabando agravado tuvo presa a Alicia Cueto, una empleada de la Aduana, por no haber realizado los controles correspondientes. Después de este acto el juez analiza si convoca a indagatorias a Martín Balza, Guido Di Tella y a Cavallo aunque no se ha fijado plazos.

El delito que investiga Speroni se centralizó por el Puerto de Buenos Aires, de donde salieron cinco barcos de la línea marítima Croatia Lines. Los buques mercantes Opatija, Senj, Grobnik, Ledenice, Rijeka Express y KRK cargaron en sus bodegas, al amparo de los decretos 1697 y 2283, unas 280 toneladas de pólvora y cañones del tipo CITER con destino figurado a Panamá pero luego esos navíos se desviaron hacia el teatro de operaciones de la Guerra de los Balcanes. Las responsabilidades de Sánchez están centradas en su rol dentro de la Comisión de Seguimiento de las Exportaciones de Material Bélico que integraron el secretario de Producción para la Defensa, Carlos Carballo; de Relaciones Internacionales y Culto, Juan Carlos Olima, y el mismo Sánchez en su condición de secretario de Coordinación Econó-mica.

En ese marco, Sánchez declaró que su rol se limitó a controlar si las exportaciones se encontraban dentro del parámetro presupuestario y si se pagó el precio establecido por Fabricaciones Militares para las armas que figuraron en el decreto. Como ese dinero, con los reembolsos correspondientes, ingresaron a la tesorería de Fabricaciones Militares, el delito se habría cometido al salir, bajo el paraguas de los mismos decretos, armas no declaradas que según las denuncias aún no comprobadas costaron 150 por ciento más del valor de la mercadería declarada a la Aduana. Se calcula que la operación en blanco rondó los u$s 40 millones mientras que la diferencia en negro superó los u$s 70 millones, totalizando un pago de u$s 110-120 millones aproximadamente.

• Responsabilidades

Pero, hasta el momento, ni en esta causa ni en la del controvertido Jorge Urso se ha podido comprobar quiénes se beneficiaron económicamente con esta diferencia. El resto, para Sánchez, corrió por cuenta de Defensa y de Relaciones Exteriores, en menor medida. Speroni también entiende que existieron diferentes responsabilidades en el nivel de los viceministros: por eso procesó por ser presunto partícipe secundario de contrabando agravado a Carballo y le decretó la falta de mérito a Olima. El destino procesal de Sánchez podría estar más cerca del segundo que del primero. De todos modos, el juez se tomará los 10 días que le fija el código y resolverá en ese plazo como lo hizo con los casos mencionados y con Antonio Erman González, el ex ministro de Defensa que está preso en Gendarmería bajo la acusación de ser el presunto coautor del delito imputado.

También el juez analiza dentro de esta causa testimonios de ex operarios de la Fábrica Militar de Río Tercero, para establecer si la explosión de ese arsenal tiene alguna conexión con su propia investigación. Pero, a diferencia de Urso, no tratará de que el expediente de esa investigación se anexe a su causa porque el caso de Río Tercero se encuentra en instancias de juicio oral y público en Córdoba. El interrogatorio que realizaron dos empleados de ese juzgado se centró en los convenios que firmaron Fabricaciones Militares y El Ejército. Estos acuerdos son la base fundamental para acusar a Balza de conocer toda la operación y de haber cometido la presunta malversación de los bienes del Ejército al entregar armamento que no retornó a sus arsenales.