10 de mayo 2001 - 00:00

Complicado, Erman González declarará hoy por caso armas

Complicado, Erman González declarará hoy por caso armas
Erman González deberá presentar pruebas contundentes a su favor si no quiere correr el riesgo de quedar detenido hoy por el juez en lo Penal Económico, Julio Speroni, quien lo indagará por el presunto contrabando agravado -un delito no excarcelable-en la venta de armas y pólvora a Croacia.

Los principales cargos contra el ex ministro de Defensa se basan en la desaparición de 200 toneladas de pólvora de la fábrica Luis Beltrán del Ejército en Córdoba, del testimonio de la despachante de Aduana de Fabricaciones Militares, Hilda Cantarino, y de la firma que hizo González del informe de la Comisión Trilateral (interministerial) de Seguimiento de la Venta de Armamentos.

Plazo

Un elemento circunstancial, pero que puede gravitar para que González no quede preso hoy es que el juez se tome el plazo de 10 días hábiles antes de decidir sobre la situación del ex ministro, sobre todo para no aparecer presionado por la prensa. Fuentes judiciales señalaron a este diario que «ayer se sintió muy molesto» con dos conocidos conductores radiales de signo ideológicos opuestos que habrían dado como segura la prisión de González, después de la indagatoria. Por otro lado, el juez impartió instrucciones a la Policía para que impida la circulación de periodistas por el sexto piso del edificio de Comodoro Py al 2002 donde tiene su despacho.

De todos modos, por lo expresado por González en su defensa ante el juez federal Jorge Urso días atrás, se desprende que estos cargos serán rebatidos con los siguientes argumentos: 1) González dejó el ministerio en abril de 1993 y la quema de la pólvora (que después se comprobó fue ficticia) habría ocurrido en julio de ese año para ser exportada a Croacia en agosto; 2) el mismo argumento de fechas se les aplicará a los relatos de Cantarino, conocida como «la coronela» -Stornelli la tuvo detenida por varios meses-quien en el expediente declaró que se enviaron 4.500 toneladas de armas como para completar kilómetros con fila de camiones y 3) la firma del informe de la comisión interministerial obedecería a que en esa época fueron bajados de rango los secretarios que quedaron como subsecretarios. En este caso, Juan Ferreyra Pino y Gustavo Caraballo.

Envíos

Cuando se restituyó esa jerarquía, no se les asignó legitimidad de firma a los integrantes en la comisión tripartita, por lo que Ana Kessler -en ese momento asesora legal de gabinete-habría recomendado que el superior de cada ministerio podría subrogar al inferior. Por eso González sostendría que subrogó dichos informes que daban luz verde a la exportación de material bélico del Ejército y demostraría que tanto la firma del decreto de autorización de la venta como del informe interministerial tienen la misma fecha. Además sostuvo ante Urso que «de los tres decretos -1697, 2283 y 1633- que se dictaron durante su gestión, los dos primeros con fecha de agosto y octubre de 1991, solamente salió un embarque el 20 de setiembre de 1991». Del resto negaría cualquier responsabilidad.

La acusación contra González sostiene que se exportaron 273 contenedores que salieron del puerto de Buenos Aires a bordo de los buques Opatija, Senj, Grobnik, Ledenice, Rijeka Express y KRK de la empresa naviera Croata Lines. González repetirá lo que ya dijo: «Ese primer envío del 20 de setiembre de 1991 obra en la causa toda la documentación respaldatoria del embarque, pero especialmente el acta de verificación de Aduana, donde certifica cuáles y cuántos son los elementos que envían, de total coincidencia de lo autorizado en el decreto, y por tanto, a pesar de que ya no eran una función específica del ministro, queda claro que se han cumplido todos los pasos, incluida la verificación aduanera».

Defensa

De esa forma tratará de defender su posición con el argumento de que si hubo anomalías -deseó aclarar que en los embarques posteriores no se detalla la cantidad y tipo de material, ya que se lo embarca como «material bélico secreto»- no ocurrieron durante su gestión, complicando --indirectamente-a su sucesor inmediato, Oscar Camilión. Otro de los argumentos que podría jugar la defensa del ex ministro de Defensa están contenidos en la resolución de la Cámara de Casación Penal cuando decidió la excarcelación del general Antonio Vicario, pese a la negativa del Tribunal Oral de juicio de ese fuero en lo Penal Económico.

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