Critican exagerada celeridad de la Justicia en caso Bonasso

La detención del nieto de Alvaro Alsogaray acusadode haber presuntamente amenazado por e-mail al diputado nacional Miguel Bonasso mereció ayer cuestionamientos y hasta un ensayo acerca de las motivaciones que impulsan a la Justicia a actuar con celeridad en algunos casos y con extrema lentitud en otros.

Especialistas en derecho consideraron que la Justicia entró en un estado de disociación y que se ha convertido en un elemento de persecución política.

Teorizó alguna vez el juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni en el caso Menem que: «El avance en el derecho se produce cuando las víctimas del Código son notorias». El penalista (un garantista de pura cepa) utilizó este argumento para ironizar y considerar absurda la calificación de « asociación ilícita» que se le impuso al ex presidente para mantenerlo detenido.

La reflexión zaffaroniana parece tener esa dimensión en el caso de Gonzalo Luis Alsogaray, detenido durante una noche en la División Investigaciones Antiterrorista de la Policía Federal por orden de la jueza María Servini de Cubría. Si interviene en la causa quizá enmiende esta desigualdad ante la ley. La liberación del joven se produjo alrededor de las 4 de la madrugada de ayer antes de que declarara en la Justicia y luego de que se cumplieran los trámites de rigor para la averiguación de antecedentes.

Opina el abogado Florencio Varela -un hombre que lleva años en los tribunales-que la prueba más acabada de la disociación que padece la Justicia está en el caso de la Comisaría 24a de La Boca y, precisamente, en la detención del nieto de Alsogaray.

El primero muestra la lentitud de la Justicia. Han transcurrido 10 días del violento episodio y la causa todavía no tiene juez.

«Esa inercia presenta un grave cuadro: hay incumplimiento de la autoridad policial que desoyó la orden de un juez; los fiscales que estaban presentes no hicieron nada; y para colmo hay un discurso (el del gobierno) que pone a la Policía en la disyuntiva de que si reprimen son procesados y pierden su trabajo y, si no actúan están contribuyendo a la impunidad», apunta Varela.

Esa percepción se agrava si se tiene en cuenta que el denunciante, el ex montonero Bonasso, es un amenazador profesional desde su juventud. En fecha reciente la periodista Silvina Walger lo denunció por haberla amenazado. Walger señaló que el pasado violento de Bonasso le aconsejaba no dejar pasar esa amenaza verbal.

Para el abogado, el caso Alsogaray presenta la faceta de la celeridad en el accionar judicial. «Aunque se sabe que el sistema informático es harto vulnerable se dispuso su detención en vez de llamarlo a indagatoria.»

Y acota: «Es evidente que el metro no es el mismo para todos los que hay que medir o mejor dicho hay metros de distintas medidas».

Varela considera que la predisposición de la Justicia para actuar de una u otra forma tiene una sola explicación: «Está respondiendo a una manipulación política. Se ha convertido en un elemento de persecución política, algo que no se hizo nunca antes. Puede decirse que se utilizó para proteger la impunidad, pero nunca para poner preso a alguien vinculado con la política».

Virgilio Loiácono -abogado de Fernando de la Rúa y del ministro de la Corte Adolfo Vázquez en el juicio políticotiene una interpretación parecida sobre el particular momento instalado en la Justicia.

Sostiene el ex secretario Legal y Técnico de la Presidencia, que existe una «lamentable politización» que se visualiza en los contenidos de los fallos y en los tiempos en que las causas deben resolverse. «Desde el rigor bárbaro de la ley del talión a la filigrana infinita de hoy, se pasó de lo sublime a lo ridículo», remarca Loiácono.

. Igualdad

El abogado acude a la fábulade la selva en la que el mono orador asegura que todos son iguales, hasta que escucha el gruñido del león y sostiene sin vacilación que hay algunos más iguales que otros. De este modo asegura que «se ha desgastado la venda que cubre los ojos que simboliza la imagen de la justicia, ya no ve a todos iguales». Y comparó las acusaciones de apología del delito por declaraciones de Astiz y la inercia judicial en el caso de Hebe de Bonafini que llamó a quemar todas las comisarías y «nadie hizo nada».

Ayer Francisco Alsogaray (hermano del detenido), en un alto en Tribunales de Comodoro Py, consideró «ridículo» que se detenga a una persona basándose en datos de «una computadora» y respecto de la relación de su familia con el diputado Bonasso, afirmó que «los Alsogaray siempre supimos que es una persona que pensaba diferente, y siempre sufrimos ataques (del legislador) a mi abuelo, al que calificaba de fascista».

«Estamos viviendo lo que le está sucediendo a María Julia, no entendemos lo que está pasando en este país; por una denuncia de un señor que sabemos que piensa diferente desde hace largos años, estamos todos disgustados», remarcó Francisco Alsogaray.