Cristina Fernández de Kirchner preside ayer la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado que, finalmente, dictaminó sobre la fecha para escuchar la acusación de los diputados en el juicio político a Antonio Boggiano.
Cristina Fernández de Kirchner y la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado resolvieron ayer pasar al recinto del Senado la decisión sobre el avance del juicio político a Antonio Boggiano. La comisión se reunió ayer para decidir las recusaciones que pesan sobre Jorge Yoma y Miguel Pichetto para integrar el tribunal que juzgará a Boggiano y la excusación pedida por el salteño Marcelo López Arias. Todas fueron rechazadas y se fijó también el 20 de abril como fecha para la recepción de la acusación por parte de los diputados.
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Pero se aclaró que todas esas decisiones deberán ser ratificadas por el recinto del Senado para surtir efecto. En medio de esa sesión se aprobará, también, el pliego de ascenso al brigadier Eduardo Augusto Schiaffino, el actual jefe de la Fuerza Aérea que reemplazó a Carlos Rohde en medio del escándalo por las valijas con droga en vuelo a Madrid. El ascenso de Schiaffino va a tener dictamen por la mañana en la Comisión de Acuerdos y por la tarde bajará al recinto.
• Pretensiones
La sesión servirá para discutirla derogación del artículo 19 de la Ley de Solidaridad Previsional -que obliga al Estado a apelar sentencias cuando se trata de juicios por mala liquidación de haberes jubilatorios- y, antes que todo, para el homenaje central del Senado por el fallecimiento de Juan Pablo II.
En la reunión de Asuntos Constitucionales, los senadores votaron ayer por unanimidad fijar la primera sesión de la última quincena de abril para audiencia para que la frepasista Nilda Garré, el radical Hernán Damiani y el peronista Ricardo Falú formulen esa acusación. Pareció en ese momento que comenzaba a destrabarse el juicio político a Boggiano que en el último mes no tuvo más que señales erráticas al suspenderse hace una semana un encuentro de Asuntos Constitucionales y escucharse después declaraciones de senadores del PJ que no mostraban demasiada urgencia en proceder a la remoción del juez.
Jugaron esos hechos en consonancia con las pretensiones del gobierno que intentó frenar el juicio político el año pasado -fracasó por desobediencia incluso de muchos kirchneristas como Ricardo Falú que, con buen criterio, consideraron que si se había removido a Eduardo Moliné O'Connor por las mismas causas, no existía argumento para salvar a Boggiano- y parecía ahora intentarlo nuevamente.
No existen posiciones ideológicas afines entre la Casa Rosada y el magistrado, sino todo lo contrario. Pero Boggiano es absolutamente funcional a las necesidades del gobierno a la hora de dictaminar sobre las distintas causas sobre pesificación que esperan turno en la Corte y, por otro lado, Kirchner no quiere aún que se lo sindique como un «armador» de una nueva mayoría automática en el tribunal al apurar la salida de un quinto miembro.
• Paso en firme
Si hoy el plenario del Senado aprueba la fecha propuesta por Asuntos Constitucionales, se dará el primer paso en firme para el enjuiciamiento de Boggiano, y todos esos fantasmas sobre operaciones del Ejecutivo comenzarán a diluirse. Sería lógico que así sucediera teniendo en cuenta que los senadores no parecen ahora dispuestos a pagar el costo político de salvar a Boggiano después que el gobierno no consiguió hacerlo en la primera instancia de acusación en Diputados.
Gracias a esos intentos hacia fines de 2004, el Senado también deberá decidir hoy si Pichetto y Yoma están capacitados para formar parte del juzgamiento. En ambos casos, los cargos fueron formulados por los aristas María América González y Adrián Pérez, basados precisamente en declaraciones de los senadores cuando intentaban frenar el juicio repitiendo en dos ocasiones que «el proceso no iba a prosperar».
Hoy, los senadores deberán votar sobre dos dictámenes: uno, que rechaza las recusaciones contra Yoma y contra Pichetto por considerarlas improcedentes ya que las declaraciones periodísticas de ambos senadores justicialistas no constituyen prejuzgamiento; y el segundo, del radicalismo, que considera que las declaraciones de Yoma cuando dijo que «el depuramiento de la Corte Suprema está concluido» son un prejuicio, ya que «el proceso contra el magistrado estaba en marcha».
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