10 de septiembre 2004 - 00:00

Decidirá Kirchner hoy los nombres de 4 nuevos jueces

Juan José Galeano
Juan José Galeano
T erminado el proceso de «depuración» en la Corte Suprema, el gobierno se alista para avanzar sobre la cuestionada Justicia federal. Ya tiene cuatro candidatos para ocupar los juzgados vacantes, pero procurará que la «renovación» se extienda sobre otros cuatro. Así habrá alcanzado su proyecto de que 8 de los 12 jueces que tiene ese fuero sean designados durante su gestión.

En los planes de la administración Kirchner está apurar la partida de los jueces Juan José Galeano, Claudio Bonadío, Rodolfo Canicoba Corral y Norberto Oyarbide. Por ahora es una pretensión, porque a excepción de Galeano -cuyo pedido de juicio político adquirió un frenético ritmo en el Consejo de la Magistratura- el resto no ha dado señales de querer partir de los tribunales de Comodoro Py.

Sobrevirían a la embestida gubernamental: María Servini de Cubría (convirtió una elección general en una interna peronista que le permitió a Néstor Kirchner asumir el poder con 22% de los votos); Jorge Ballesteros, Jorge Urso (detuvo a Carlos Menem) y Gabriel Torres (lleva la causa ESMA).

Ayer, el ministro de Justicia, Horacio Rosatti, mantuvo un encuentro con los miembros del Consejo de la Magistratura (habrá durado unos 10 minutos) y les prometió acelerar la designación de los jueces que restan.

En poder del Ejecutivo hay 70 ternas, que llevan un año sin definir. La demora le ha valido un tirón de orejas de Juan Carlos Blumberg, cuando el padre del joven asesinado se enteró de que las carpetas de esos jueces dormían en los despachos oficiales, contribuyendo a la ineficacia judicial.

Ahora, Rosatti dice que está en condiciones de tomar decisiones: primero comenzará cubriendo la vacante en la Justicia federal (entre hoy y la semana entrante estarían los nombres) para juzgados que deberán investigar causas de narcotráfico, corrupción, violaciones a los derechos humanos, y hasta al presidente Néstor Kirchner y su esposa por presunto enriquecimiento ilícito.

• Cortesano

Seguirá, luego, con la Cámara Federal y, por último, estará el nombre del sucesor de Adolfo Vázquez en la Corte, aunque ésta será una tarea más de competencia de Kirchner y del secretario Legal y Técnico, Carlos Zanini, que del Ministerio de Justicia.

La nómina de los futuros jueces federales está integrada por
Eduardo Freiler y Guillermo Montenegro, el secretario letrado de la Corte Suprema, Julián Ercolini, y el secretario letrado de la Procuración General, Daniel Rafecas, quien ya habría renunciado a su cargo como integrante del Tribunal Oral N° 21 de la Capital Federal para convertirse en juez. Según los cálculos del Ministerio de Justicia, Freiler ocuparía el Juzgado 3, Rafecas el 4, Montenegro el 7 y Ercolini el 10, sin juez desde hace tres años.

El de Freiler es un caso especial porque ganó con altísimo puntaje el concurso para camarista y juez federal. Pese a que -según se afirma- es el preferido de
Cristina Fernández de Kirchner, en el gobierno no quieren que Freiler compita para ocupar la vocalía de la Cámara Federal que perteneció a Luisa Riva Aramayo, vacante hace dos años.

En ese lugar,
Kirchner -con decisiva influencia del procurador general Esteban Righi- imagina al jefe de la Oficina Anticorrupción, Daniel Morín. Pero sucede que el hombre de la OA quedó en cuarto lugar, después del secretario de juzgado, Domingo Montanaro, y el juez del Tribunal Oral de Lomas de Zamora, Daniel Obligado. Es decir, está fuera de la terna.

Pero la batalla de Morín no la tiene perdida, porque
designando a Freiler como juez federal el fiscal anticorrupción subiría el escalón tan deseado. Morín cuenta, entonces, con todas las posibilidades de ser compañero de los controvertidos camaristas Horacio Vigliani y Gabriel Cavallo.

Todos los postulantes deberán superan el proceso de evaluación pública y sólo después de estimar los apoyos y las impugnaciones el Presidente decidirá si envía sus pliegos al Senado.
Para convertirse en jueces federales, los candidatos necesitarán los votos de dos tercios de los senadores presentes en la sesión en la que se traten sus pliegos.

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