Defensores acusarán a Urso de actuar como un legislador

La defensa de Carlos Menem elevará el lunes una queja, al juez Jorge Urso porque cree que se ha atribuido facultades legislativas al pretender imputar asociación ilícita a un presidente de la Nación y a sus ministros en el ejercicio de sus cargos elegidos libremente y en el debido marco constitucional. Esa idea ya fue lanzada en el escrito que el propio ex presidente entregó cuando el controvertido juez le comunicó que quedaría detenido sin haberle detallado los cargos por los cuales tomaba su decisión. Precisamente esos errores le habrían creado un criterio desfavorable en la misma cámara que le había advertido que debe tener «pruebas contundentes» para procesar y arrestar a Menem. El juez tiene plazo para definir la situación procesal del ex mandatario hasta el próximo viernes 22 porque no puede demorar, más allá de los plazos exigidos, la detención de una persona sin procesamiento.

Si bien todavía Urso no ha decidido esta medida contra el ex mandatario -tampoco la de Antonio Erman González y Martín Balza, otros detenidos casi junto a Menem- no se cree en los tribunales que vaya a adoptar una actitud distinta a la que amagó cuando dejó preso a Menem por sospechas que le transmitió el contradictorio fiscal Carlos Stornelli, quien en cualquier causa normal ya hubiera sufrido una recusación por aparecer en una foto con uno de los involucrados en la causa y en la que en su fuero íntimo ya sabía que lo iba a acusar. En tribunales, importantes abogados penalistas no lo explican de otra manera cuando analizan su más que rápido acatamiento a la sugerencia de la cámara de investigar los niveles superiores de la anterior administración.

En ese punto cobró fuerza la hipótesis que esta misma sala -algunos de sus miembros abjuran en privado que jamás ordenaron encuadrarlo en asociación ilícita a Menem-podría nulificar las últimas actuaciones de Urso si cuando les llegue el expediente se comprueban todos los (presuntos) errores cometidos. La teoría de que el ex presidente podría ser excarcelado en 45 días se perfiló como un dato importante cuando trascendieron de altos niveles del segundo piso de Comodoro Py 2001, las fuentes de esta información que se dejó trascender por un medio televisivo. De todos modos, los abogados esperan la movida del juez, desorientado por la fuerte crítica a una decisión apresurada y coincidente con presiones de interés políticojudiciales y mediáticos contrarios a Menem.

• Acto de gobierno

Como anticipó este diario, al día siguiente de haber quedado detenido Menem en la quinta de Don Torcuato, la defensa del ex presidente cuestionó por exceso de la potestad jurisdiccional la decisión del fiscal Stornelli y su juez Urso de atacar el dictado de los decretos. «El dictado de esas normas, hoy cuestionadas judicialmente, resultan ser la materialización de los que en Doctrina y Jurisprudencia pacíficamente se ha aceptado y descripto como «Acto de Gobierno» y por lo tanto, ajeno al control jurisdiccional, en tanto el mismo no provenga de una ilegitimidad del funcionario que lo suscribe o de una manifiesta arbitrariedad en el contenido dispositivo del mismo». Este párrafo es la clave de la defensa de Menem que basa su legitimidad en el origen del cargo -dos veces presidente de la Nación por mandato popular-y por la competencia de los artículos 86, inciso 14, de la Constitución de 1853 y 99 de la carta magna reformada en 1994.

Esos artículos le otorgan facultades únicas al jefe de Estado del manejo de las Relaciones Exteriores con supervisión del Congreso y su sustitución por el control judicial, transformaría a los fiscales y jueces en miembros de una «superlegislatura» que no está contenida en el marco institucional vigente porque evidenciaría una invasión de las potestades propias de las demás autoridades de la Nación y quebrando el principio de separación de poderes, esencial para el mantenimiento del sistema democrático, republicano y federal que marca la Constitución.

El otro punto a atacar jurídicamente es la superposición de la investigación de presunto enriquecimiento ilícito que quiere realizar Urso, atacando el principio «non bis in idem», por el cuál una persona no puede ser juzgada dos veces por el mismo cargo penal. En este caso no sólo le pedirán a Urso que se aparte, sino que también le solicitarán al juez Juan José Galeano que se inhiba de investigar este nuevo delito que pretende imputársele a Menem porque se trata de «Cosa Juzgada». Para ello se presentan los sobreseimientos dictados por los jueces federales Jorge Ballestero de la Capital y Miguel Morales de La Rioja a quien luego suplantó Enrique Chumpita. La importancia de ambos fallos judiciales es que fueron confirmados por las respectivas cámaras federales y ésa será la fuerza de los alegatos de los abogados de Menem.

• Dependencia

En este caso, en las cercanías de Menem se puso especial interés en resaltar la dependencia instrumental de Stornelli con relación al abogado denunciante, pero nunca se oficializó como querellante, Ricardo Monner Sans, que insistió con su pedido de agregarle a la investigación de la venta de armas a Ecuador y a Croacia el supuesto enriquecimiento ilícito, superponiendo en la práctica dos investigaciones distintas. Este mismo fiscal calificó duramente cuando se pretendió unificar el contrabando agravado que se investiga en el fuero penal con su causa de involucrar a ex funcionarios, pero, dio luz verde --sostienen en la defensa-a cualquier pedido que le hiciera Monner Sans, enfrentado al peronismo por provenir su origen ideológico del socialismo que supo orientar Américo Ghioldi. El ex juez Norberto Gilleta, defensor de Norberto González de la Vega denunció las presuntas reuniones de fiscal y abogado denunciante fuera de los tribunales.