Define Urso si procesa a Menem

En la defensa judicial de Carlos Menem se espera para hoy o mañana el fallo por el cual, el polémico juez de la Capital Federal Jorge Urso le dicte el procesamiento con prisión preventiva al ex presidente por ser el supuesto jefe de una asociación ilícita para vender armas a Ecuador y a Croacia armada durante su gestión y desde el gabinete nacional, un criterio criticado por penalistas de todo tipo y color ideológico. Junto a Menem, serían procesados con la misma calificación pero en grado de organizadores el ex ministro de Defensa, Antonio Erman González y el ex jefe del Estado Mayor del Ejército, general (RE) Martín Balza. En el mismo fallo, también se procesaría, pero sin prisión preventiva a Guido Di Tella (ex canciller) y al general (RE) Raúl Gómez Sabaini, quien fuera subjefe del Ejército, calificándolos como integrantes de esa asociación ilícita, un cargo que es excarcelable.

• Fecha base

Precisamente, Urso tomó a esta última declaración indagatoria como la fecha base para contar el plazo final que tiene para definir la situación de estos imputados, a quienes se agrega Emir Yoma que ya está procesado y cumple prisión preventiva en el Escuadrón Campo de Mayo de la Gendarmería, también imputado de ser presunto organizador de esa asociación ilícita que vendió armas de manera ilegal, según el particular criterio del controvertido dúo judicial Stornelli-Urso, que basan sus acusaciones por el sólo hecho de que Menem firmó los decretos que autorizaron esas ventas. La base de la acusación judicial es que Menem y algunos de sus ministros, junto a particulares, pudieron armar una asociación ilícita que presuntamente malversó bienes del Ejército a través de Fabricaciones Militares que -ni siquiera, argumentanrepuso el armamento entregado por esa fuerza armada.

Pero el particular criterio del controvertido dúo judicial Stornelli Urso -lo criticaron desde los penalistas Norberto Gilleta, ex juez federal vinculado al Proceso militar como Eduardo Zaffaroni, también ex juez, pero de clara identificación con la izquierda antimilitarista, pasando por comentarios en estricto privado de jueces, camaristas y ministros de la Corte- no explica cómo es posible que si toma como base de acusación a los decretos que firmó Menem no extendió su reproche penal a todos los ministros, como es el caso de Domingo Cavallo. Urso está recusado por Cavallo mientras que Stornelli considera que el actual ministro de Economía sólo firmó los decretos pero «no realizó actividades ajenas» como le recrimina a Menem.

El involucramiento de Cavallo tuvo el viernes otra escalada cuando los abogados Fernando Archimbal y Carlos Froment presentaron un escrito ante Urso para que le haga llegar al ministro de Economía un cuestionario con 16 preguntas, ya que las principales acusaciones de Stornelli contra Antonio Erman González -defendido por Archimbal y Froment-se basan en el libro «El peso de la verdad» que escribió el propio Cavallo. El cuestionario pondría en la encrucijada al ministro de Economía de tener que desdecirse lo que afirmó en su libro o admitir que tuvo participación en la operación de ventas, con lo que podría desmoronarse el débil argumento que tiene el fiscal para no arremeter contra un funcionario del actual gobierno a quien complicaría sobremanera. Tampoco la excusa de Urso de la recusación es aceptable porque la Corte rechazó esa pretensión de Cavallo y en ese sentido, el juez no podría ser apartado de la causa por indagar al ministro.

La defensa de Menem trató de demoler la semana pasada, pero sin éxito a las pruebas más importantes en contra del ex presidente como se las señala a las declaraciones de Luis Sarlenga, ex interventor en Fabricaciones Militares, quien fue el principal autor de las exportaciones de armas y las declaraciones de Esteban Caselli, ex número dos del senador Bauzá y actual funcionario clave de Carlos Ruckauf, quien le contó al juez y fiscal que Menem le habría ordenado interceder ante el ex ministro de Defensa Oscar Camilión para que no saque a Sarlenga de la dirección de las fábricas militares. Los abogados Oscar Roger y Mariano Cavagna Martínez

objetaron que Sarlenga sólo habló generalidades y en ningún momento lo imputó al ex presidente y lo de Caselli es falso porque Menem no utilizaba intermediarios para hablar con sus ministros. Además el hecho de que un presidente pida por un funcionario no significa que esté encubriendo o amparando delito alguno.