El caso de las valijas con 60 kilos de cocaína, que el gobierno se empeñó en el verano por mantener en secreto, puede provocar un nuevo cimbronazo en la Casa Rosada. En horas, el juez Bernardo Vidal Durand, firmaría una citación a indagatoria del titular de la Aduana, Ricardo Echegaray. El funcionario, un íntimo de Néstor Kirchner, sería imputado por el presunto delito de omisión en sus funciones. Echegaray fue reclamado dos veces por la fiscal María Gabriela Ruiz Morales como sospechoso de no haber cumplido desde su puesto con los controles para evitar el contrabando de semejante cantidad de drogas a España.
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Aunque la causa está en aparente adormecimiento, el juez Durand está a punto de despertarla con esta medida que puede traer complicaciones no esperadas al gobierno de Kirchner. Sobre todo porque la imputación contra Echegaray significa que deberá abandonar su cargo, al menos, transitoriamente hasta que exista una sentencia firme que demuestre su inocencia o culpabilidad. Se aplicaría lo que algunos han llegado a denominar la «doctrina Branda». Es decir, sería desplazado en sus funciones como lo fue Ricardo Branda cuando era directivo del Banco Central, al caerle un procesamiento en la causa de los sobornos.
• Propia confesión
Echegaray iría a indagatoria víctima de su propia confesión y del testimonio de dos empleados de ese organismo. Cuando fue llamado por el juez Carlos Liporace a declarar como testigo, el jefe de la Aduana buscó deslindar responsabilidades al asegurar que la primera línea de control le correspondía a la empresa privada, y la segunda a la PAN. ¿Para qué estaba la Aduana entonces? Como respuesta a ese interrogante, Echegaray decidió separar a los máximos responsables de Drogas Peligrosas de la Policía Aduanera en Ezeiza, Juan José Isola y Daniel Pasos. Lo hizo ignorando una advertencia de la DEA sobre la calidad de funcionarios que echaba del área.
Cuando Isola y Pasos hablaron ante Liporace, contaron todo lo que ocurría en la Aduana de Echegaray. Los pocos recursos con los que se trabajaba en el control del narcotráfico en el aeropuerto y las «reiteradas» veces en que se explicó a los superiores que faltaban elementos y personal para controlar los pasajeros y equipajes, pero nunca obtuvo respuestas. La fiscal pidió entonces la indagatoria de Echegaray.
Ante esa decisión, el Ejecutivo se despachó con dos denuncias ridículas contra la fiscal Ruiz Morales. Una la realizó el propio Echegaray en el juzgado de María Servini de Cubría y la otra por el policía federal Andrés Machado.
El director de Aduanas aseguró que la fiscal le propuso en un almuerzo que inculpara al secretario de Transporte, Ricardo Jaime. El funcionario de transporte es uno de los principales sospechosos políticos que aparece en las declaraciones de los primeros testigos de la causa de las «narcovalijas». Lo interesante de la denuncia de Echegaray es que fue realizada luego que la fiscal pidiera su indagatoria como sospechoso en base a lo que declararon dos policías aduaneros.
La otra denuncia provino del policía Machado, quien además de custodio presidencial trabajaba para SW, aseguró que en la fiscalía de Ruiz Morales, el secretario César Cabrera se puso un arma en su propia sien y le expresó que pretendía que él declarara contra el gobierno.
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