Embargo por juicio comercial impide llegada de buque inglés

El jefe del Estado Mayor Conjunto de las fuerzas armadas de Gran Bretaña intentará destrabar las relaciones castrenses paralizadas luego de que el gobierno de Londres ordenó suspender todas las visitas de buques y aeronaves de aquel país, ante la posibilidad de que sean embargados en la Argentina. La Justicia comercial federal argentina resolvió trabar embargo por 250 millones contra bienes de la Corona británica en un juicio planteado por productores rurales de Balcarce, provincia de Buenos Aires.
El general Charles Guthrie se reunirá a solas con el ministro de Defensa, Ricardo López Murphy, y con el titular del Estado Mayor Conjunto, general Juan Carlos Mugnolo, el viernes por la mañana, en el Edificio Libertador. Desde Londres pidió que las conversaciones se desarrollaran a «agenda abierta», en la jerga de la burocracia del Estado equivale a adentrarse en los asuntos espinosos de la relación bilateral.

Además de la interrupción de las visitas de unidades de guerra -a Guthrie le preocupa la entrada a puerto en fecha próxima del rompehielos HMS Endurance-se analizarán las consecuencias del incidente protagonizado por un helicóptero de la Royal Navy (armada británica) y un pesquero argentino en el Atlántico Sur.

López Murphy estrenará funciones de diplomático con el uniformado inglés, pues hasta ahora el Palacio San Martín sólo cumplió con la formalidad de girar los escritos del entuerto judicial a la Embajada del Reino Unido.

Todo comenzó con un fallo pronunciado a fines de setiembre por el juez José Tresguerras a cargo del Tribunal Civil Comercial Federal N° 2 que ordenó el embargo de bienes del Estado británico en un pleito entablado por productores de papa de Balcarce. La cancillería británica recomendó que se eviten las visitas de naves y aeronaves a la Argentina.

El Ministerio de Defensa inglés ordenó luego suspender el viaje de un avión de exploración Nimrod de la fuerza aérea británica a la base El Palomar de la Fuerza Aérea Argentina. Y terminó así con la política de generar confianza mutua que había sido pactada por ambos gobiernos. Robin Cristopher, flamante embajador del Reino Unido, debutó la semana pasada con el mismo altercado que ahora trae a la Argentina al general Guthrie (por precaución viene en vuelo comercial).

El encargado de negocios Dominic Asquith, quien hasta la llegada de Cristopher cubría las funciones de embajador, lo puso al tanto del último escrito firmado y presentado por él con el patrocinio del estudio Dougall. Se trata de un pedido de nulidad del proceso contra la Corona planteado ante la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial Federal. Llamó la atención en despachos de Tribunales la gravedad del párrafo esgrimido por el diplomático para justificar el trámite de nulidad y repetido tres veces en el escrito: «... Considero que comprometen la estabilidad y seguridad jurídica de las relaciones bilaterales entre estados soberanos...».

También Cristopher tomó conocimiento del presunto incidente entre un helicóptero de la marina británica y el pesquero argentino Centurión del Atlántico que estaba en faena de captura en aguas territoriales de nuestro país.

El comunicado de la Prefectura Naval describiendo los hechos llegó al despacho de la ministra Silvia Merega a cargo de la Dirección Malvinas y se inició una ronda de consultas a nivel oficioso a nivel diplomático sobre las implicancias del sobrevuelo de la aeronave.

El capitán del pesquero Centurión del Atlántico había dado el alerta por radio cuando se encontraba navegando a unas 100 millas náuticas al este de la boca del estrecho de Magallanes. El contacto visual a escasa altura facilitó la identificación de la aeronave como perteneciente a la Royal Navy (armada británica). Con esos datos la Prefectura inició una investigación.

Las pesquisas también involucraron a la Armada en el análisis de los hechos. En esos gabinetes se determinó que el helicóptero en cuestión sería un Sea Lynx perteneciente al destructor HMS Iron Duke. El buque inglés iba en ruta a una exposición naval que tuvo lugar en el puerto chileno de Valparaíso entre el 2 y 4 de diciembre.

El Palacio San Martín trata de determinar el propósito de la maniobra de la aeronave británica y evaluar si la actitud fue de un simple «sobrevuelo inocente» o si por el contrario pretendió efectuar tareas de control marítimo (verificar el nombre, matrícula, puerto de registro) sobre el pesquero argentino.