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Enigma AMIA pasó ahora a cinco jueces
Oyarbide debe determinar la existencia de un supuesto delito de «acción pública» en el que pudieron haber incurrido en el pago de 400 mil dólares (secreto e ilegal, según el tribunal) al ex reducidor de autos Carlos Telleldín a cambio de una presunta confesión para involucrar a policías bonaerenses en el atentado. Corach, al conocerse el fallo, lo criticó por su «politización» y negó tener vinculación alguna con ese pago de dinero.
En cuanto a Beraja y Verón, ambos están acusados del delito de «falso testimonio» cuando declararon en el juicio y negaron conocer el supuesto pago a Telleldín.
. Jorge Urso o Claudio Bonadío: uno de los dos jueces tendrá que investigar a su colega Galeano por presuntas irregularidades cometidas en la investigación y que el TOF se encargó de puntualizar en su veredicto. Es la tercera investigación que afronta Galeano. Una está en el Consejo de la Magistratura (está al borde del juicio político), otra la tiene Bonadío y esta nueva, por sorteo, le tocó a Urso.
Se lo acusa, además, de destruir videos de declaraciones y entrevistas, supuestamente clandestinas, que se realizaban en su juzgado.
Alguno de estos dos jueces también estará encargado de investigar a los fiscales Eamon Mullen y José
Barbaccia, y a empleados del Juzgado Federal 9 que aún siguen en funciones.
. Daniel Rafecas: el reciente asumido juez tiene la misión de investigar al siempre polémico camarista Gabriel Cavallo, sospechado de favorecer a Galeano cuando se desempeñaba como juez de instrucción.
En su juzgado cayó la denuncia en la que se acusaba a Galeano de haber grabado una entrevista con Telleldín en la que se hablaba, en forma encubierta, del pago de los 400 mil dólares.
Los jueces del Tribunal Oral sostuvieron que «Cavallo sobreseyó a un amigo, no se sabe a cuál, casi podría decirse autorizado por su Alzada, uno de cuyos jueces -la Dra. Riva Aramayo-, tras la escandalosa recusación que aparejósu apartamiento, continuó resolviendo temas estrechamente relacionados con el proceso del que tuviera que alejarse».
. Rodolfo Canicoba Corral: ya tiene en sus manos la investigación del atentado a la AMIA. Se hizo cargo de las pesquisas desde el momento en que Galeano fue separado de la causa por disposición de la Cámara Federal. Tendrá que ahondar en las intervenciones telefónicas que la SIDE realizó en las embajadas de Irán y de Cuba «sin orden judicial» y en las realizadas en la casa de Telleldín antes de ser acusado formalmente por el atentado.
Sobre Canicoba recayeron las quejas de familiares de las víctimas, por su lentitud.
La investigación de Canicoba alcanzará al juez de la Suprema Corte de Justicia Bonaerense Federico Domínguez, quien habría cometido irregularidades cuando representó a un policía imputado en el caso.
. Guillermo Montenegro: el otro nuevo juez investigará por «encubrimiento» a la mayoría de los integrantes de la Comisión Bicameral de Seguimiento del Atentado a la AMIA, por reunirse con Galeano en forma secreta y omitir denunciarlo por el pago ilegal del que estaban al tanto.
Por el despacho de Montenegro desfilarán Carlos Soria, Raúl Galván, Carlos Chacho Alvarez, José Antonio Romero Feris, Federico Storani, Melchor Cruchaga y César Arias.


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