9 de noviembre 2004 - 00:00

Enigma AMIA pasó ahora a cinco jueces

Cinco jueces federales tendrán la misión de investigarel abanico de acusaciones que los jueces del Tribunal Oral Federal N° 3 lanzó al explicitar los fundamentos del veredicto que absolvió a la totalidad de los acusados de integrar la «conexión local», del atentado a la AMIA. Otro raro récord en este caso, que demandó 10 años de investigación y un juicio oral que duró tres años y terminó sin culpables.

No está claro si la afectación de cinco de los doce juzgados federales es una compensación al frustrado fallo condenatorio del ataque. Lo cierto es que las casi 5.000 fojas utilizadas para descargar los argumentos del fallo absolutorio (una media contra el ventilador, dicen algunos) ya motorizaron una decena de causas de impredecible final.

En esta adjudicación de responsabilidades que -según los jueces del TOF fueron conducentes al dictamen liberadorquedaron atrapados ex funcionarios del gobierno de Carlos Menem, miembros de la Comisión Bicameral, jueces y fiscales que desde ayer comenzaron a ser investigados por distintos jueces. Por caso:

. Norberto Oyarbide: el controvertido juez tiene que investigar al ex ministro del Interior Carlos Corach, al jefe de la SIDE Hugo Anzorreguy, al ex jefe de la Policía Bonaerense Ramón Oreste Verón y al ex titular de la DAIA Rubén Beraja.

Oyarbide
debe determinar la existencia de un supuesto delito de «acción pública» en el que pudieron haber incurrido en el pago de 400 mil dólares (secreto e ilegal, según el tribunal) al ex reducidor de autos Carlos Telleldín a cambio de una presunta confesión para involucrar a policías bonaerenses en el atentado. Corach, al conocerse el fallo, lo criticó por su «politización» y negó tener vinculación alguna con ese pago de dinero.

En el caso específico del jefe de los espías, sobre él pesa la sospecha de que participó activamente de la maniobra, ya que el dinero utilizado para el pago salió de las arcas de la SIDE luego de un acuerdo con el juez que investigaba el caso, Juan José Galeano, según declararon en el juicio oral y público.
En cuanto a Beraja y Verón, ambos están acusados del delito de «falso testimonio» cuando declararon en el juicio y negaron conocer el supuesto pago a Telleldín.

. Jorge Urso o Claudio Bonadío: uno de los dos jueces tendrá que investigar a su colega Galeano por presuntas irregularidades cometidas en la investigación y que el TOF se encargó de puntualizar en su veredicto. Es la tercera investigación que afronta Galeano. Una está en el Consejo de la Magistratura (está al borde del juicio político), otra la tiene Bonadío y esta nueva, por sorteo, le tocó a Urso.

Puede ocurrir que este juez decida declararse incompetente y remitir todo el expediente a Bonadío o bien avance en la investigación de los delitos de: falsedad ideológica del acta de indagatoria que Galeano tomó a Telleldín el 5 de julio de 1996, día en que le pagó 200 mil de los 400.000 dólares.

Se lo acusa, además, de destruir videos de declaraciones y entrevistas, supuestamente clandestinas, que se realizaban en su juzgado.

Alguno de estos dos jueces también estará encargado de investigar a los fiscales
Eamon Mullen y José
Barbaccia, y a empleados del Juzgado Federal 9 que aún siguen en funciones.

.
Daniel Rafecas: el reciente asumido juez tiene la misión de investigar al siempre polémico camarista Gabriel Cavallo, sospechado de favorecer a Galeano cuando se desempeñaba como juez de instrucción.

En su juzgado cayó la denuncia en la que se acusaba a Galeano de haber grabado una entrevista con
Telleldín en la que se hablaba, en forma encubierta, del pago de los 400 mil dólares.

Los jueces del Tribunal Oral sostuvieron que
«Cavallo sobreseyó a un amigo, no se sabe a cuál, casi podría decirse autorizado por su Alzada, uno de cuyos jueces -la Dra. Riva Aramayo-, tras la escandalosa recusación que aparejósu apartamiento, continuó resolviendo temas estrechamente relacionados con el proceso del que tuviera que alejarse».

. Rodolfo Canicoba Corral: ya tiene en sus manos la investigación del atentado a la AMIA. Se hizo cargo de las pesquisas desde el momento en que Galeano fue separado de la causa por disposición de la Cámara Federal. Tendrá que ahondar en las intervenciones telefónicas que la SIDE realizó en las embajadas de Irán y de Cuba «sin orden judicial» y en las realizadas en la casa de Telleldín antes de ser acusado formalmente por el atentado.

Sobre
Canicoba recayeron las quejas de familiares de las víctimas, por su lentitud.

La investigación de
Canicoba alcanzará al juez de la Suprema Corte de Justicia Bonaerense Federico Domínguez, quien habría cometido irregularidades cuando representó a un policía imputado en el caso.

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Guillermo Montenegro: el otro nuevo juez investigará por «encubrimiento» a la mayoría de los integrantes de la Comisión Bicameral de Seguimiento del Atentado a la AMIA, por reunirse con Galeano en forma secreta y omitir denunciarlo por el pago ilegal del que estaban al tanto.

Por el despacho de
Montenegro desfilarán Carlos Soria, Raúl Galván, Carlos Chacho Alvarez, José Antonio Romero Feris, Federico Storani, Melchor Cruchaga y César Arias.

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