Erman apeló prisión y apuntó a Cavallo

Con términos críticos y no exentos de dureza, los abogados de Antonio Erman González apelaron ayer el fallo del juez en lo Penal Económico, Julio Speroni, que decretó el procesamiento y la prisión preventiva del ex ministro de Defensa de Carlos Menem por presunto contrabando agravado al haber firmado los decretos que autorizaron la venta de armas y pólvora a Ecuador y a Croacia.

Las responsabilidades por esa operación fueron derivadas hacia los sucesores de González en el Ministerio de Defensa -Oscar Camilión-, a los ex directores de Fabricaciones Militares y a los funcionarios de Aduana -reportaban al ministro Domingo Cavallo-, que no habrían efectuado los controles correspondientes. Esta apelación deberá ser resuelta por los camaristas Marcos Gravbiker, Juan Pizatelli y Roberto Hornos, quienes le habían indicado a Speroni profundizar la investigación al nivel ministerial.

• Argumentación

En general, ésta es la línea argumental del escrito que firmaron los abogados Fernando Archimbal, ex juez federal penal, y Carlos Froment, ex funcionario en el Ministerio de Justicia durante la gestión del controvertido Raúl Granillo Ocampo y experto en cuestiones penales de origen económico: ... «siendo los mentados Decretos 2.283 y 1.697 autorizaciones de venta, lo ocurrido con posterioridad a la rúbrica de los mismos no es atribuible a quien aparece refrendándolos sino que debe buscarse la persona que no los cumplió como estaba dispuesto, para responsabilizarlo por aquello irregular que se haya perpetrado». Por ello rechazaron que González haya tenido conocimiento previo del posterior desvío de los embarques que originariamente estaban destinados a Panamá, ya que los despachos a Ecuador se hicieron tres años después.

Tampoco aceptaron la afirmación del juez de que los mencionados decretos podrían constituir, por sí mismos, documentos aduaneros y atacaron con el argumento de que «no le correspondió a González verificar la documentación de exportación y que fue indebidamente controlada por el personal de la Dirección General de Aduanas». El ex ministro se defiende con que durante su gestión se concretó un solo embarque de armas por el puerto de Buenos Aires con destino a Panamá, aunque terminó en Croacia pero esa exportación fue minuciosamente controlada por la Aduana y atribuyó su desvío a los intermediarios. Pero, a pesar de ello, González sostuvo que ese país de los Balcanes aún no sufría el embargo de la ONU.

También Archimbald y Froment calificaron de errada la conclusión de la Cancillería de que en junio de 1991 había armas argentinas en Croacia en base a informes de la agencia noticiosa croata «Tanjung». A esa fecha, los abogados sostienen que no había ninguna operación de esta naturaleza en marcha y atribuyen las versiones a material bélico sobrante de Malvinas que habría sido capturado por los ingleses en 1982 durante el conflicto del Atlántico Sur y vendido en esa época en el mercado negro de armamentos. «No es correcto que pueda considerarse a los decretos 'abarcativos' -en cuanto al destino-de la totalidad de los embarques a su amparo ya que cada uno de ellos se decidió fuera de la posibilidad de control de un ministro renunciado, incluir una mayor cantidad de material autorizado y no verificar el destino que se le asignaba a la exportación».

También rechazaron que González tenga responsabilidades por desconocer cuestiones internas de la comisión interministerial, como la denominada Acta N° 7, que establecía pautas de funcionamiento. Los abogados niegan que este documento haya operado como una norma de procedimientos. Pero, además, se agrega que esa norma se dejó de aplicar en 1986 y les llamó la atención que se intentó resucitar para calificar la conducta de González. Para Archimbald y Froment no se trató de normas obligatorias porque no estaban dirigidas al ex ministro de Defensa, por lo que no se puede generar responsabilidad por su presunto incumplimiento. También justificaron que al no tener Croacia embargo alguno a la fecha del decreto, no hubiera existido responsabilidad penal en el caso de haberlo establecido así en el decreto.

• Apelación

Por otra parte, y por escrito separado, apelaron la prisión de González, cuya excarcelación fue rechazada por Speroni. Para ello se basan en el procedimiento del juez al dictarle la excarcelación al general (RE) Antonio Vicario, ex director de Fabricaciones Militares que se encontraba a disposición del Tribunal Oral número 3 que se opuso a la libertad condicional del militar. Ese conflicto fue superado por intervención de la Cámara de Casación Penal, aunque Vicario llegó a la Corte por recurso extraordinario para pedir la nulidad del juicio. Ese trámite debe ser resuelto por el máximo tribunal en los próximos días. Archimbald y Froment alientan que ninguno de los cargos contra González -tanto en Federal como en Penal Económico-se encuentra firme y por ello correspondería la excarcelación.