Apocos días de la feria judicial, la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia dio un vuelco a la investigación del espionaje ilegal que se habría cometido en Trelew. Puso en la mira al marino arrepentido Carlos Ariel Alegre porque en su tarea de extraer pruebas de manera subrepticia para incriminar a sus compañeros de la oficina de inteligencia de Zar habría cometido el delito de violación de secretos militares. Curiosa situación la del arrepentido: Scilingo, Pontaquarto y otros tantos, ahora Alegre. Persiguen justicia y les cae encima. «Yo me hice de mi propia casa un patíbulo», decía un canto del Infierno de Dante Alighieri, reflejo de estos denunciantes.
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El escándalo del espionaje ilegal estalló en marzo pasado en vísperas del 30° aniversario del golpe militar. Hugo Sastre, juez federal de Rawson, está a cargo de la investigación. El disparador fue Alegre, cabo de inteligencia arrepentido, quien como ya lo había hecho otro marino -Adolfo Scilingo, preso en España-, acudió al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) para denunciar en la Justicia presuntas actividades violatorias de la Ley de Defensa e Inteligencia.
Los camaristas llegaron a esta decisión el 29 de noviembre pasado, tras aceptar un recurso de queja que planteó el defensor del suboficial Vicente Rossi, miembro de la oficina de inteligencia de Zar y autor de la denuncia penal contra Alegre por la violación de secretos militares. Rossi, integrante de la dotación de inteligencia de Zar, imputado en la causa, denunció a Alegre porque en su afán por obtener datos para el CELS, una entidad civil, a espaldas de los superiores, divulgó datos sensibles tales como: existencia de computadoras con software secreto -no se sabe si fue vulnerado- pertenecientes a la Armada de los Estados Unidos cedidas bajo convenio, programas de encriptado PLACOM de la Armada (dos se perdieron en el allanamiento a la base), más la revelación de códigos de letras utilizados para identificar autoridades navales.
Formación
Recuerda el denunciante que Alegre fue formado en el Instituto de Inteligencia Conjunto, que es estudiante de derecho, no podía desconocer que actuaba fuera del marco legal y que la ley de Inteligencia establece en el artículo 33 inc. 6 que es la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos de Inteligencia la receptora de denuncias formuladas por personas físicas y jurídicas y no puede serlo una ONG, en alusión al CELS, pues se viola el secreto militar. Esta denuncia había sido desestimada por el conjuez Ricardo López Salaberry, quien trabajóel expediente antes de la designación de Sastre.
El querellante Rossi apeló, Sastre no le concedió la apelación de manera que se llegó a la Cámara Federal que ahora decidió analizar si hay mérito en esa denuncia para ordenar que se investigue al arrepentido. El suboficial Rossi, por cierto, no es la máxima autoridad de la base Zar. Ni tampoco, obvio, de la Armada, ni siquiera es oficial, jerarquía que por dignidad de cargo debería estar a la cabeza de la controversia por la violación de secretos -involucra nada menos que a los Estados Unidos- que habría cometido Alegre. En soledad, Rossi busca el «deber ser» que le inculcaron sus jefes. Quiere escapar de la dudosa consigna de lealtad: «Hay que abrazarse al ancla y hundirse por la Armada», enunciada por un alto oficial naval en una reunión con los marinos acusados. Quedó en esa situación porque la ministra de Defensa Nilda Garré, de quien se esperaría más apego a las normas, es profesional del derecho, ordenó al titular de la Armada, Jorge Godoy, que deje caer la querella que había planteado por la sustracción de dos módulos de encriptado denominado PLACOM y la vulneración de códigos secretos compartidos con los Estados Unidos en el sistema Automatical Report Merchant System (ARMS). Y eso que el escrito de Godoy afirmaba que la desaparición de esos equipos «afecta directamente al Estado Nacional y torna vulnerable el Sistema de Defensa Nacional, regimentado por Ley 23.554». Ambos elementos forman parte de las imputaciones que Rossi hizo contra Alegre. Claro, el arrepentido tiene los fueros que otorga la mención de «ciudadano ejemplar» conferida en el despacho de Garré por recomendación del secretario de Asuntos Militares, José Vásquez Ocampo. Si el pupilo de Vásquez Ocampo cae, la causa quedaría vacía del contenido político que anima Defensa: la condena a un grupo rebelde de inteligencia naval -un puñado de oficiales y suboficiales- que se excedió con prácticas setentistas. Remedo de la misma solución que se dio a los represores de la ESMA, hasta que con el tiempo cayeron también varios miembros de las cúpulas navales.
En aquella ceremonia privada, Alegre blanqueó ante Garré cierta indigencia familiar que ya había volcado al momento de la denuncia patrocinada por el CELS. Decía Alegre que tenía condicionamientos que lo impulsaron a guardar silencio durante mucho tiempo sobre los presuntos hechos de espionaje ilegal. Citó ser parte del grupo que llevaba a cabo esas actividades, vivir con su familia en casa oficial de la Armada (600 pesos de alquiler), estar endeudado con un crédito de 6.000 pesos, carecer de vivienda propia o acceso a un alquiler en la zona, no tener familiares directos en la zona y aclara que por esas razones no solicitó la baja. No contó que era parte de la comunidad informativa.
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