La Justicia deberá decidir en las próximas horas si llama a declarar a Irene Hurtig, hermanastra de María Marta García Belsunce y esposa del ex corredor de Bolsa Guillermo Bártoli.
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La declaración de la mujer aparece como sustancial, en el preciso momento en que la Cámara de San Martín debe definir si exime o no de prisión a los 9 acusados del encubrimiento del crimen de la socióloga.
En la lista de la fiscalía también aparecen otros dos nombres, que al fiscal Diego Molina Pico le interesa interrogar: María Laura García Belsunce y Leila, esposa de Horacio García Belsunce.El papel de Irene Hurtig despierta muchos interrogantes en esta investigación, por varias razones:
• El día del crimen estuvo en el country Carmel y formó parte del grupo integrado por Carlos Carrascosa, Bártoli y dos parejas amigas que se quedaron viendo el partido Boca-River mientras María Marta se dirigía a jugar un partido de tenis que nunca se concretó.
• Algunos testigos afirman que Hurtig abandonó esa habitación casi al mismo tiempo que María Marta y hasta extrañó que no fuera a la casa de la socióloga cuando todos ya conocían su muerte. «Hay un 'agujero negro' de 4 horas sobre el cual nos interesa indagar», le confió ayer a Ambito Financiero una alta fuente de la Justicia de Pilar. Hurtig habría reconocido ante sus íntimos que se retiró de la habitación, pero habría asegurado que permaneció en su dormitorio porque no se encontraba bien.
Pese a estas cuestiones, Hurtig no formó parte de la primera tanda de familiares y allegados sobre los que recayó la orden de detención y la acusación de encubrimiento. Por qué en aquel momento no interesó la declaración de Irene Hurtig y ahora sí, es un enigma.
• Autopsia
En este estado de situación, Molina Pico también buscará ahondar diferencias entre dos íntimas amigas de María Marta para determinar si existió un pedido de Carrascosa para que no se le realizara autopsia al cadáver de su esposa e, incluso, si se pagó para evitarlo. Las mujeres, son Inés María Ongay y Nora «Pichi» Burgues de Taylor, esta última también imputada en el encubrimiento del crimen precisamente a raíz de los dichos de la primera. Para tal fin ordenó un careo que -como adelantara este diario- poco y nada aportará al esclarecimiento del asesinato.
El otro aditivo del caso es la situación de Molina Pico sobre quien pesa un pedido de recusación.
La actuación del fiscal quedó virtualmente bajo la lupa de todas las partes que intervienen en el caso, ya que nadie puede explicarse por qué no figura en el expediente su presencia en la casa de la víctima ni qué lo llevó a iniciar las actuaciones tres días después de la muerte. Por un lado, a casi tres meses del crimen, la defensa encarada por los abogados José Scelzi y Luis Nardi pidieron la recusación de Diego Molina Pico por considerar que no puede ser testigo y parte. Eso significa que los abogados de alguna manera asumen que no obró como era su deber al presentarse en el velatorio y no tomar ninguna decisión relacionada con la pesquisa de la muerte. Por otra parte, el juez de Garantías del caso, Diego Barroetaveña, en la misma resolución en la que se pronunció sobre los pedidos de detención de los imputados hace una semana, virtió duras apreciaciones sobre el proceder del fiscal.
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