Justicia a la medida oficial

• Se publicita un proyecto del gobierno para reformar la Justicia Federal. Crean otro fuero y les restan poder a los jueces actuales • Designarán nuevos fiscales, sin concurso, que serán los árbitros de cada causa: ellos determinarán a quién se juzga o no. Como se sabe, en ese fuero se investiga y condena -a veces- a los funcionarios del gobierno • Con el nuevo sistema, todo quedará bajo la égida del Procurador, una suerte futura de todopoderoso ministro.

Se despide el ministro de Justicia, Alberto Iribarne, y dejará -al menos habrá de intentarlo- un proyecto de ley que modifica, altera y seguramente diluye el poder de los jueces federales en la Argentina (que son, como se sabe, quienes por último condenana ex presidentes, ministros u otros conspicuos de los gobiernos). Ya estrenó el ministro su versión en la última reunión con magistrados en Salta y, curiosamente, casi nadie se hizo cargo de discutir la iniciativa. Tal vez porque se entretuvieron con las candorosas declaraciones del titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, quien habla -para que lo crean los infantes en el jardín-de la separación de la Justicia y la política (no avalar, por ejemplo, una licencia para el juez federal Guillermo Montenegro, quien por huir del caso Skanska recalará como secretario de Seguridad de Mauricio Macri en la Capital). Cuando Lorenzetti debería hablar de la separación de la Justicia y el gobierno (y no de la política), como si todos los que acceden a los juzgados o a institutos superiores no han recibido un permiso o un padrinazgo oficial.

Podrá anotarse cualquiera en el objeto de cuestionar a la Justicia Federal de hoy, pero alguna pregunta mínima habría que formularse sobre el proyecto del ministro, en apariencia fundado en labores ad-hoc de la senadora Vilma Ibarra y de Carlos Beraldi, un socio del actual y cuestionado ministro de Seguridad bonaerense, León Arslanian ( sobre quien, es público, imploran por su continuidad a Daniel Scioli a pesar de que éste ya se pronunció por el fiscal Carlos Stornelli, otro que está cada vez más entusiasmado de huir del caso Skanska). Se ampara el gobierno en antecedentes de otros países (Chile, Estados Unidos), también -dice-en satisfacer el habitual reclamo empresario (neoliberal, claro, se quejaría Guillermo Moreno) de que no hay seguridad jurídica en el país. Pase de magia del ministro y sus colaboradores: las quejas por la inseguridad de la Argentina no pasan exactamente por los jueces federales, más bien se refieren al fuero contencioso administrativo que dirime negocios comerciales del Estado con los privados. Pero cuando se habla de reformas, nunca se alude a esos temas, sólo a la Justicia que finalmente puede castigar funcionarios.

En rigor, a lo que parece apuntar el gobierno es a la creación de un fuero alternativo -como hacen en España cuando no pueden privatizar y, entonces, crean un organismo semejante-que en lugar de estar integrado por jueces, sea arbitrado por fiscales (a los que se convocará, claro, en masa y por recomendación, sin concurso) que integrarán una nueva estructura piramidal.De esa manera, con este fuero paralelo,a través de un fiscal con varios fiscalesgenerales, se repartirán las causas -según su juicio-, se instruirán (parte clave) y luego decidirán (tendrán el poder) lo que se investiga o no. A los jueces federales actuales les reservan una sillita de oro: tendrán a su cargo excarcelaciones, allanamientos, intervenciones telefónicas, decorativas acciones, aunque afecten a las garantías constitucionales. O sea que estarán también a merced de lo que interprete el fiscal, si le interesa o no investigar un caso -sin ningún tipo de control o, tal vez, con el control del todopoderoso procurador Esteban Righi, convencido de que es el ministro de Justicia-, amparándose en doctrinas medianamente novedosas como la de la oportunidad. Como, a su vez, el propio Righi hace poco determinó un nuevo mecanismo para designar fiscales (fundado en una presunta agilidad), está claro cómo serán los nombramientos y a quiénes, en el fondo, habrán de servir. Otro ejemplo de independencia judicial.