La estrategia de la demora

El gobierno tomó ayer la decisión de dejar que el destino del juez federal Juan José Galeano se juegue en campo del Consejo de la Magistratura. Esconderá un pronunciamiento sobre la renuncia del magistrado hasta estar seguro de que su destitución no tiene retorno. Sólo actuará si el Consejo de Jueces no responde a sus expectativas. Entonces, ejecutará la facultad que tiene de aceptar la dimisión.

La decisión terminó de diseñarse ayer por la mañana en la Casa de Gobierno, en una reducida mesa quirúrgica en la que confluyeron Néstor Kirchner; el jefe de Gabinete, Alberto Fernández; el ministro de Justicia; Horacio Rosatti; y el secretario de Legal y Técnica de la Presidencia, Carlos Zanini.

• Análisis

El celo puesto en Galeano tiene -para el gobierno- un sentido más amplio que la simple aceptación de la renuncia del juez, a quien considera parte de una estructura jurídica más complicada. Esto se analizaba ayer:

• Desactivar el juicio político significaba ignorar las causas que por irregularidades en la instrucción del ataque a la AMIA tiene Galeano en el Consejo de la Magistratura. Están basadas en una denuncia originada por el ex prosecretario judicial Claudio Lifschitz ante la Comisión Bicameral que monitoreó la pesquisa. Sobre esta cuestión hay un lapidario informe de 240 páginas, que ayer fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Acusación como prueba de cargo contra el magistrado.

• Se concluyó en que si se facilitaba la salida de Galeano, el gobierno se ganaba el encono de la comunidad judío-argentina, que quiere que el juez federal sea destituido. El cuestionado Consejo de la Magistratura recuperaría imagen y el gobierno perdería credibilidad en su atesorado discurso de darle transparencia a la investigación de la voladura de la mutual judía. En definitiva, se trata de evitar otro bochorno como fue el anuncio de la aparición de los casetes que nunca aparecieron.

• «¿Para qué le vamos a aceptar la renuncia si todavía no conocemos los fundamentos del veredicto del Tribunal Oral (se conocen el 29 de octubre). Mirá si las pruebas y los cargos son todavía más graves», acotó uno de los juristas que participaba del cónclave. Todos asintieron en la lógica del comentario. Y acordaron que había que demorar una definición. Después de todo, hasta ayer nadie había exigido una definición sobre la renuncia del magistrado.

• Evaluaron que una resolución sobre Galeano podría ser una señal para otros jueces a los cuales el TOF N°3 ordenó investigar: el camarista Gabriel Cavallo y Norberto Oyarbide (pasó el fin de semana deprimido), para ex funcionarios de Carlos Menem y para los ex miembros de la Comisión Bicameral que, ahora, deberán desfilar por el recinto del Consejo de la Magistratura.

• Además, especulaban con que Galeano puede ayudar a arrastrar a otros dos jueces que el gobierno quiere que desaparezcan de los Tribunales de Comodoro Py: Rodolfo Canicoba Corral y Claudio Bonadío. Ambos están atados a Galeano. El primero investiga el atentado; el segundo, el delito de encubrimiento a partir del pago al reducidor de autos Carlos Telleldín.