Magistratura subiría sueldos pese a Corte

Enrique Petracchi

El tironeo político entre la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de la Magistratura pareció profundizarse con un endurecimiento de la postura de los consejeros: el miércoles que viene ratificarán el aumento de sueldos para los jueces, camaristas y empleados judiciales.

El Consejo de Jueces desobedecerá la orden del supremo tribunal sobre una base jurídica: la Corte no puede actuar en «per saltum» y de oficio para decidir sobre la administración del presupuesto del Poder Judicial. Y de intervenir debería hacerlo en el ámbito de una causa sin arrogarse el poder de órgano de superintendencia sobre la Magistratura.

Además, puntualizan que en octubre del año pasado el tribunal no frenó la suba de 200 pesos que dispuso la Magistratura. Y, aunque lo cuestionó, terminó abonando a su personal ese incremento. Como antecedente a esa decisión, esgrimen una resolución del año 1999, cuando el Consejo de la Magistratura aprobó el reescalafonamiento del personal y ordenó pagarlo.

El otro argumento es de índole económico. Afirman que la Justicia tiene un superávit de 544 millones de pesos, y por lo tanto consideran que una erogación de 130 millones de pesos destinada al aumento del salario de 15 mil funcionarios judiciales «no afecta su financiamiento».

El consejero Beinusz Smuckler advirtió que la decisión de la Corte «no ha suspendido absolutamente nada» y que se mantendrá una postura por la cual se deben preparar las liquidaciones para concretar los aumentos en diciembre.

«Después veremos; quiero suponer que no llegará hasta la judicialización total, pero si pasa habrá que ver si se llama a conjueces», evaluó.

La embestida de los consejeros encontró ayer el respaldo de la asociación que nuclea a los jueces. Los dirigentes de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial mantuvieron una larga charla con los miembros de la comisiónparitaria de la Magistratura.Estaban Pedro Da Rocha (Ejecutivo) y Victoria Pérez Tognola (jueces); Humberto Quiroga Lavié (abogados) y Jorge Casanovas ( legisladores).

• Reconocimiento

De algún modo, los jueces reconocieron la potestad del Consejo de la Magistratura como órgano de decisión para otorgar aumentos salariales. No fue casual, entonces, que además de mantener el reclamo de 10% de incremento prometido, avanzaran en pedir 30% más por intangibilidad y un punto de suba en antigüedad.

Mientras los consejeros fortalecen su posición, los jueces supremos parecen debilitarse entre las paredes de sus despachos. En el Palacio de Tribunales hay más policías que en el Departamento Central de la Federal. Los supremos están enfrentadoscon los ahorristas por convalidar la pesificación, con los empresarios por fallos controvertidos sobre indemnizaciones y accidentes de trabajo, y ahora con los propios judiciales.

Ayer, el moyanista Julio Piumato acorraló los tribunales de Talcahuano con una protesta que agrupó a un millar de manifestantes. Varios se abalanzaron sobre el vallado del edificio y la Policía debió hacer mucho esfuerzo para contener el avance de enfurecidos empleados judiciales.

No sólo fueron los beneficiados con el aumento suspendido sino también aquellos que no lo reciben (fiscales, defensores y empleados de la obra social y 1.200 meritorios). La consigna contra los jueces supremos era la misma y de idéntico tenor. Para el miércoles cuando se realice el plenario de consejeros, el cacique judicial prometió bajar a la Capital «las regionales» y los jueces traer a su gente. Paradójicamente, esa reunión será presidida por el titular de la Corte, Enrique Petracchi, uno de los más indignados por el aumento a los judiciales dado por el organismo. Al enojo de los judiciales ya se sumaron (obvio) los estatales enrolados en ATE, que anunció para hoy un paro nacional y mañana habrá huelga en los tribunales, pese a que por reglamento esa protesta le puede costar a los empleados tres días de descuento y una reducción en sus haberes, en algunos casos, de $ 200. Los martes y los viernes son días clave en la Justicia, porque son días de notificaciones y donde comienzan a correr los plazos procesales.