Procesan al juez que allanó casino porteño

María Servini de Cubría

La pelea por el control de los juegos de azar en la Capital Federal que mantienen la Ciudad de Buenos Aires y la Nación sumó ahora el procesamiento a un juez porteño por parte de la Justicia federal.

A eso se agrega que el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires emitió, el viernes pasado, un comunicado en defensa de la autonomía porteña en el cual manifestó «profunda preocupación por cualquier tipo de injerencia ilegítima sobre el accionar de la Justicia de la Ciudad».

La jueza María Servini de Cubría indagó al polémico juez del fuero Contencioso Administrativo y tributario de la Capital Federal, Roberto Gallardo -conocido por las medidas que ha tomado contra Aníbal Ibarra y el Gobierno porteño-, por haber ordenado el allanamiento del casino flotante en agosto de 2004. Ayer, la jueza determinó el procesamiento de Gallardo por «abuso de autoridad» e «incumplimiento de los deberes de funcionario público» y además embargó los bienes del magistrado por $ 20.000, mientras que remitió la copia de la resolución al Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires.

De acuerdo con las normas, el magistrado puede continuar en funciones hasta que se dicte sentencia y es evidente que el Consejo de la Magistratura no adoptará otra medida. Tampoco puede intervenir, si no hay denuncia, el jury de la Legislatura porteña que ya intentó, el año pasado, llevar adelante un juicio político contra Gallardo, pero por un vencimiento de plazos quedó anulado.

Servini de Cubría procesó al magistrado porteño por haber ordenado, hace dos años, el allanamiento del casino flotante, amarrado en la ribera de Puerto Madero, al considerar que no es jurisdicción del juez. Hay una controversia por ese tema que ha llegado a la Corte Suprema por el debate entre Nación y Ciudad acerca de quién ejerce el control en esa zona.

Intencionalidad

La jueza federal le atribuye el presunto delito de « incumplimiento de los deberes de funcionario público» y manifiesta que el magistrado tuvo una intencionalidad previa al llevar adelante la medida contra la ruleta.

El 10 de agosto pasado, Gallardo declaró ante la magistrada y defendió su decisión de realizar una inspección al casino, en el marco de una denuncia por irregularidades de funcionamiento.

El conflicto por las competencias sobre la sala de juegos suma otra causa que está a cargo del juez federal Norberto Oyarbide, quien también citó a Gallardo, para indagarlo el 14 de setiembre próximo, por un procedimiento realizado en el casino Estrella de la Fortuna, pero el año pasado.

Servini, al fundamentar el procesamiento de Gallardo, recordó que la causa se inició por denuncia de Ernesto Alberto Cavallo, quien «le endilgó responsabilidad criminal por la pretensión de ejercer competencia sobre bienes y personas ajenas a su jurisdicción requiriendo el uso de la fuerza pública y en clara violación de órdenes emitidas por la Justicia federal y resoluciones de la Corte».

Servini sostuvo que «se encuentra probado con el grado provisorio que requiere la etapa procesal por la cual se transita que el imputado desarrollólas conductas que se le endilgan y las mismas son constitutivas de delito».

Para la jueza, «no puede sostenerse que el accionar desplegado por el magistrado de la Ciudad se debió a un mero error o un simple incumplimiento de una normativa procesal» sino que tuvo la «clara intención de arrogarse en forma arbitraria el conocimiento de la cuestión». Gallardo, quien se desempeña en el fuero porteño desde octubre de 2000, fue autor de controvertidas resoluciones. Se recuerda que el año pasado ordenó intervenir todas las salas de bingo porteñas y depositar su recaudación en una cuenta judicial del Banco Ciudad, medida luego revocada por un tribunal de apelaciones; frenó la construcción de viviendas para ayuda social -derivó en el pedido de su juicio político-; multó al destituido Ibarra supuestamente por falta de garantías de alojamiento en hoteles que paga la Ciudad para personas sin techo y ordenó clausurar el predio de la Rural, en Palermo, un día antes del comienzo de una importante exposición, por presunta carencia de habilitaciones.