Se abre industria del juicio también para casos pendientes

Elena Highton de Nolasco

El fallo de la Corte que permite ahora que los trabajadores accionen civilmente contra la empresa -ante un accidente laboral- conlleva dos peligros en el corto plazo para las finanzas empresarias: los juicios pendientes de resolución y los accidentados que en los últimos dos años no iniciaron ninguna demanda contra su empleador.

Porque más allá del temor de que a partir de ahora resurja la industria del juicio por accidentes laborales, en la actualidad hay ya miles de reclamos en la Justicia que demandan un resarcimiento económico por encima de lo determinado por la ley vigente, sobre todo en jurisdicción de Buenos Aires y Capital Federal. Estos casos pueden acogerse, obviamente, al nuevo fallo. Pero además en los casos de empresas que tuvieron algún siniestro en los últimos dos años y que el trabajador no haya aceptado aún el pago indemnizatorio de la ART y no inició una demanda civil contra el empleador, aquél está todavía a tiempo de hacerlo, dado que la legislación establece que todo danmificado tiene hasta dos años para encarar un juicio civil contra la empresa.

«El problema del fallo es que pone a cargo de la empresa -que encima no se puede asegurar-la diferencia entre lo que le paga la Ley de Riesgos del Trabajo y el derecho civil -que no tiene montos límites-. Las pymes han quedado desprotegidas porque la diferencia es imprevisible y no hay seguro para ello», explicó a Ambito Financiero el abogado laboralista Julio Cordero.

La industria del juicio tuvo su apogeo entre 1986 y 1988. Fueron tales los coletazos de este negocio que llegó a unir a empresarios y sindicalistas para salvar las fuentes de trabajo asediadas por esta industria.

Se recuerda el caso en el que el legendario líder metalúrgico Lorenzo Miguel accedió a conformar una comisión mixta cuando las empresas metalmecánicas radicadas en Cañada de Gómez, Armstrong y Las Parejas, provincia de Santa Fe, corrían peligro de desaparecer ante las millonarias demandas entabladas.

«Zafamos del precipicio gracias a un acuerdo con la UOM», reconoce Carlos Capisano, empresario y dirigente pyme, quien contó a este diario que se pusieron a trabajar juntos en mejorar las condiciones de prevención y de trabajo. «Eran verdaderas organizaciones de abogados que lucraban con la salud de los trabajadores, pero que no estuvieron vinculadas ni a los sindicatos ni a letrados de los gremios», afirmó Capisano.

Según el empresario metalúrgico, por cada $ 1.000 de indemnización, al trabajador accidentado le llegaban $ 400; el resto quedaba en manos de los abogados, peritos y gastos de justicia.

En esos años hasta el INDeR (el reasegurador estatal) llegó a decretar fuera de cobertura a estas zonas geográficas ante demandas civiles, lo que conspiraba contra las empresas y los trabajadores. Los empresarios recuerdan que entre 70% y 80% de las demandas eran por casos de hipoacusia (pérdida de audición), donde había una delgada línea para dimensionarel verdadero daño y se daba así un gran margen para el negocio judicial.

El sistema hoy funciona de forma tal que ante un siniestro el trabajador inicia un reclamo por daño civil y daño laboral. Cabe señalar que tiene dos años para iniciar la acción por demanda civil ante la Comisión Médica, de modo que va contra la ART, o bien, directamente contra la empresa. «El trabajador puede optar por ir contra la ART y no hacer nada contra el empleador. En caso de haber cosa juzgada, es decir que el trabajador aceptó el pago de la ART, ya no puede ir contra la empresa. Pero si no lo hizo y no pasaron dos años, puede demandar ahora -con el nuevo fallo-a la empresa por la diferencia», sostiene Cordero.

«Ahora volvemos al sistema de antes, pero peor porque más allá de que los jueces de cada provincia puedan establecer distintos montos indemnizatorios para un mismo caso, no hay seguro disponible en el mercado para cubrir la diferencia que plantea el fallo», agrega el letrado.

Para Rubén González empresario químico de Sunchales (Santa Fe) se ponen en riesgo ahora las fuentes de trabajo porque las pymes no tienen espaldas financieras como para afrontar millonarias demandas ni equipos de abogados preparados como las grandes empresas. «Ahora, en lugar de preocuparnos por producir y competir, tenemos que dedicarnos a este potencial problema», dijo González.