El oficialismo del Senado ya decidió que usará la implementación de juicio por jurados -una ley positiva que figuraba en el primer petitorio Blumberg y que apoya la administración Kirchner-, como excusa para patear hasta 2005 el tratamiento de un tema espinoso: la reglamentación de los decretos de necesidad y urgencia. Es decir, la puesta en funcionamiento del control parlamentario de los DNU.
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Mañana, la Comisión de Asuntos Constitucionales, que encabeza Cristina Fernández de Kirchner, sacará el demorado dictamen de juicio por jurados, aún con objeciones de la UCR y de Eduardo Menem. El peronismo, sobre la base del texto que presentara Jorge Yoma, impondrá el sistema anglosajón de jurado popular, gracias al cual convivirán exclusivamente ciudadanos comunes, que saldrán del sorteo realizado con el padrón electoral, sin cupo de jueces o abogados.
Los radicales, merced a un acuerdo bicameral entre correligionarios (tal cual adelantó este diario), insistirá en defender el mecanismo cordobés de juicio por jurados, en el cual comparten sillas vecinos y magistrados. Menem, a su vez, planteará su disidencia. Según viene apuntando, los miembros del jurado no fundan sus fallos, razón por la cual no se puede evaluar en qué se basaron para resolver el caso, reflexionó el senador del PJ La Rioja.
Su contradictor y comprovinciano, Yoma, salió al cruce al señalar que sucede lo mismo que con el voto popular, en el cual no se conocen las razones por las cuales se eligió a un candidato. Y agregó Yoma que, en todo caso, se podrá analizar el fallo a partir de la versión taquigráfica del juicio y de lo que allí planteó el tribunal. «Así se podrá saber si el fallo se ajusta o no a Derecho», concluyó.
Con el dictamen de Asuntos Constitucionales y de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, que sesionarán dentro de algo más de 24 horas con formatode plenario, el tema estaráen condiciones de bajar al recinto, a más tardar, el miércoles 15 del mes que viene (si bien puede haber una deliberación extra el jueves 9, algo improbable, a pocas horas del feriado del día de la Virgen del miércoles 8).
• Señal
Sea como fuere, juicio por jurados insumirá las últimas horas del calendario parlamentario de la Cámara alta y, en especial, de la dependencia que comanda la señora Fernández de Kirchner. La senadora santacruceña ya dio una clara señal de que no quiere asumir el costo político de desnudar eventuales contradicciones, aún cuando sea una impensada «opositora» de su propio esposo.
En las últimas semanas, evitó sentarse en la banca al momento de tratarse la prórroga de la Emergencia Económica -que incluye cesión de facultades del Legislativo al Poder Ejecutivoque ella se negó a aprobarle a Eduardo Duhalde en 2002, en plena crisis institucional.
En materia de control de decretos de necesidad y urgencia, una deuda añeja del Congreso con la reforma constitucional del '94, la primera dama no quiere toparse con otro principio de papelón. En 1998, Cristina de Kirchner redactó y suscribió un dictamen en el cual, siendo diputada, argumentaba que, si el Parlamento no se expedía respecto de un DNU, este último perdía vigencia de inmediato.
Ahora, el gobierno de su marido pretende lo contrario. O sea que el silencio de ambas cámaras no afecte la vida útil del decreto. Esta posición fue la que abrazaron en Diputados los peronistas José María Díaz Bancalari y el técnico Juan Manuel Urtubey, salteño y responsable de la versión de Asuntos Constitucionales en la Cámara baja.
Por el momento, y aquí está el verdadero problema (en definitiva, la señora podría volver a pegar el faltazo al momento del debate público), el PJ leal a Santa Cruz carece de los 129 votos afirmativos en Diputados o de los 37 en Senadores a fin de asegurarse que las resoluciones de Kirchner no serán volteadas por el mutismo de los legisladores.
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