Temen ahora excarcelar, aunque corresponda

Rubén Beraja

El primer síntoma de que la Justicia está a la deriva hay que buscarlo en los mismos jueces. El dictamen de dos camaristas de ordenar la liberación de Omar Chabán ha provocado cierto temor en algunos magistrados que dudan en liberar a un detenido, aunque su fallo cumpla con la ley. Obvio, la situación ha sido aprovechada por otros jueces (más demagógicos) que ajustan sus fallos a la sensación térmica de la población, invocando estar condicionados por el «clamor popular».

En los Tribunales Federales de Comodoro Py hay dos casos que padecen lo que algunos magistrados han denominado el «efecto Chabán». Se trata de la suerte del ex presidente del liquidado Banco Mayo, Rubén Beraja y de una veintena de militares, acusados por violaciones a los derechos humanos. La confusión que reina en los tribunales llegó a condicionar al juez Daniel Rafecas, quien decidió negar la excarcelación de Guillermo Suárez Mason y del médico Jorge Bergés, introduciendo la disputa garantista en temas de violación de los derechos humanos.

Pero también hay otros militares a los que se les negaría ese beneficio, por el temor de que una decisión de este tipo genere una explosión social o una implosión en la Justicia. Lo curioso es que esos militares están actualmente con prisión domiciliaria, algunos tienen más de 80 años, y los organismos que controlan que cumplan su detención pasan a verlos por sus casas cada 20 o 30 días, y a veces ni aparecen.

En la Cámara de Casación han comenzado a interrogarse si un fallo liberatorio de Beraja no será comparado con la excarcelación de María Julia Alsogaray y servirá (o se lo utilizará) para exaltar los ánimos de la gente.

• Fundamentos

Los jueces de ese tribunal escucharán hoy los fundamentos del pedido de excarcelación del ex presidente del Banco Mayo. Beraja cumple prisión preventiva como jefe de una asociación ilícita que defraudó a ahorristas de esa entidad.

La Sala IV del tribunal, integrada por los camaristas Gustavo Hornos,Amelia Berraz y Ana Capolupo, fijó la audiencia ante el recurso presentado por la abogada Marta Nercellas contra la decisión de la Cámara Federal que, en coincidencia con lo resuelto en primera instancia, se opuso al otorgamiento de la excarcelación.

El pedido de Beraja se basa en su «estricto acatamiento» a la Justicia, aun cuando -hace casi 17 meses-supo que se había ordenado su detención el 29 de diciembre de 2003. En aquel momento, se presentó con su defensora en los Tribunales Federales de Comodoro Py de esta capital y esperó que el juez federal Norberto Oyarbide se desocupara para que formalizara su detención. Oyarbide dictó el procesamiento con prisión preventiva, confirmado siete meses después por la Sala II de la Cámara del fuero, integrada por Martín Irurzun, Eduardo Luraschi y Horacio Cattani.

El problema que se les presenta a los magistrados es que un eventual fallo excarcelatorio de Beraja provoque un cuestionamiento desde el gobierno. A diferencia de Chabán, el banquero no tiene una imputación de homicidio de 193 personas y en teoría estaría en condiciones de acceder a ese beneficio previsto por la ley.

La negativa se extendió también a otros militares y policías involucrados en la causa: los ex brigadieres Hipólito Mariani y César Comes, los generales Alberto Barra y Héctor Gamen, el teniente coronel Néstor Greppi y el comisario mayor Omar Aguilera.

• Ampliación

Por disposición de la Cámara Federal, el magistrado se vio forzado a ampliar los fundamentos de resoluciones anteriores en las que se había opuesto a la concesión del beneficio. El juez evaluó que el principio de inocencia consagrado por la Constitución nacional sólo permite el encarcelamiento preventivo cuando existen elementos de que el imputado,en libertad, se convertirá en prófugo o entorpecerá la investigación, supuestos éstos en los que encuadró a quienes le solicitaron la libertad.

Así consideró que por el monto de las posibles penas que podrían recaer sobre los procesados, en muchos casos hasta la de reclusión perpetua y sus accesorias, se puede presumir que, en libertad, intentar eludir a la Justicia o entorpecer el avance de la causa.

El abogado Florencio Varela, quien pidió ayer la excarcelación de otros cinco militares que tienen prisión domiciliaria, sostiene que lo ocurrido con Alsogaray y Chabán puede condicionar un fallo contra sus defendidos. Y aunque Casación limitó los fundamentos de una resolución al peligro de fuga y si se obstaculiza la investigación, está seguro de que los jueces de la Cámara en su análisis harán jugar la calificación del delito.Varela defiende a militares, que hace más de cuatro años que están detenidos, la mayoría de ellos con prisión domiciliaria.

A igual que Eugenio Zaffaroni, el abogado de los militares entiende que «el principio de inocencia no puede ceder ante la presunción de fuga».