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Vanossi: "Aunque suene inusual, no queremos una Corte amiga"
Periodista: ¿Cómo piensa enfrentar este desafío de reformar el Poder Judicial, como reclama un sector de la sociedad: modificando estructuras, achicando la Corte, poniendo en comisión a los jueces, etcétera?
Jorge Vanossi: Que no se espere de nosotros ninguna «salvajada». No vamos a cometer un estropicio, como sería poner en comisión a todo el Poder Judicial. Ello sería lamentable no sólo ante la opinión pública nacional sino internacional. No me imagino adónde llegaría el riesgo-país. Sería reemplazar el estado de derecho por la «ley de la selva» porque el estado de comisión no está previsto en la Constitución y, en este momento, no hay ninguna norma supraconstitucional que lo avale. Eso lo hicieron los gobiernos de facto. No creo que sea bueno tomarlos como ejemplo.
P.: Pero alguna cosa tendrá pensado hacer...
J.V.: Este gobierno no va a tener la Corte de fulano o la Corte de zutano. Va a tratar de mejorar el Poder Judicial a través de los mecanismos constitucionales. Esto quiere decir claramente, sin pelos en la lengua, que hay resortes dentro de la Constitución para cambiar cosas que pueden ser patológicas. Pero eso es incumbencia de los órganos que tienen competencia para realizarlo. Para los jueces -federales y nacionales de primera instancia-están el Consejo de la Magistratura y el Jury de Enjuiciamiento. Para la Corte Suprema, el juicio político a través del C o n gr e s o . Cualquier ciudadano que tenga motivos fundados para reclamar el mal desempeño tiene las puertas previstas en esas normas. Pero ese trámite no es incumbencia del Poder Ejecutivo, que no tiene nada que ver con el juicio político o el Jurado de Enjuiciamiento.
P.: Pero mire que se han escuchado voces muy críticas desde el gobierno hacia la Corte. A su criterio, ¿hay causales para acusar a estos jueces en su conjunto o de manera particular?
J.V.: El Poder Ejecutivo no puede expresar eso porque es resorte del Congreso. El PEN no puede prejuzgar al respeto, va a respetar la separación de los poderes. Este problema no se puede manejar en el terreno de las subjetividades sino de las competencias, que es más objetivo. Tenemos conciencia de que deben realizarse en la Justicia muchas reformas de forma y de fondo. Pero a través de leyes y mecanismos de remoción, según los casos. Habrá que realizar una modernización general de las instituciones del país porque también requieren modernizarse otras instituciones, como los otros poderes del Estado, los partidos políticos, los sindicatos.
P.: Su ministerio tiene frentes difíciles ante sí, uno de ellos es la extradición de militares que -incluso- parece haberse aceptado por decreto.
J.V.: El decreto de la presidencia del doctor (Fernando) De la Rúa al parecer no ha sido derogado. Pero es muy grande la confusión respeto de qué normas están vigentes y cuáles han sido derogadas. El Tratado de Roma va a dar lugar al surgimiento de la Corte Penal Internacional para juzgar delitos de lesa humanidad aberrantes que violen los derechos humanos. La Argentina es uno de los 60 países que firmaron ese tratado aunque otros, como Estados Unidos e, incluso, países en el polo opuesto, no lo han hecho. Inclusive, nuestro país se ha integrado jurisdiccionalmente al sistema americano recursivo de la sentencia final. Para ello están la Corte Interamericana de Derechos Humanos con asiento en Costa Rica y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que reside en Washington. Pero, aún está en vigencia el viejo Tratado de Montevideo, que establece el principio de territorialidad. Ese principio y el «non bis in idem» (nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa y por los mismos hechos) deben compatibilizarse. De todos modos, la Argentina siempre ha sido respetuosa de los pedidos de extradición dentro de los recaudos que las normas establecen.
J.V.: Déjeme terminar el concepto. Lo que no puede aceptarse es esta tercera vía de la transnacionalidad en la que un juez de cualquier parte pueda «chupar», en conocimiento de una causa, a cualquier ciudadano argentino al margen del principio de territorialidad. No lo podemos aceptar porque significaría una especie de caos generalizado, una caza de brujas, una especie de mancha venenosa. Ahora, de ninguna manera quiero que se interprete que estoy amparando o protegiendo, abriendo una especie de paraguas, para dar cobijo a situaciones aberrantes. Por otro lado, la Corte argentina se ha expedido en el pasado sobre que ni aun las leyes de amnistía responden por hechos aberrantes.
P.: Cómo se compatibiliza este criterio con la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final que pusieron a disposición de los tribunales a gente amnistiada. s,
J.V.: Por el sistema de apelaciones judiciales a las sentencias de primera o segunda instancia. Recién cuando la Corte Suprema -recalco el nombre de suprema- se expida, podremos abrir opiniones. En tanto debe respetarse el juego normal de las instituciones. Una ley puede ser declarada inconstitucional por cualquier juez, pero su decisión estará sujeta a la revisión de las instancias de alzada. Recién la palabra final se dará cuando se pronuncie el máximo tribunal, que se reserva el control de la constitucionalidad.
P.: Ud. se opuso a la Corte de 9. ¿Ahora cambió de criterio?
J.V.: El número de miembros de la Corte queda liberado a la ley. En la Argentina se ha experimentado casi todo. Igual que los norteamericanos con la salvedad de que ellos las hicieron en el siglo pasado. Cuando fui secretario de la Corte Suprema, estaba compuesta por 7 jueces y muchos añoraban la Corte de 5. Hoy tiene 9 y hay muchos miembros del foro que añoran la Corte de 5. Es un tema altamente opinable, no se puede resolver en forma de una improvisación sino que requiere estudio muy decantado.
P.: ¿Está de acuerdo con cómo funcionan el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento?
J.V.: El Jurado de Enjuiciamiento es una institución permanente, tiene una estructura alrededor, hasta ahora tuvo pocos casos pero puede resolver más. Sin embargo, hay quienes piensan que este instituto puede funcionar mejor si repite la situación en las provincias donde sus miembros son ad honorem y se constituye para cada caso específico en base a una nómina previa de integrantes.
P.: ¿Usted cree que la Corte apoyará esta situación de emergencia económica?
J.V.: Mi visita fue de estricto protocolo. Se trató de una reunión muy constructiva y muy edificante de más de una hora. Fueron tocados los temas de incumbencia del ministro de Justicia, no se habló de otros temas.
J.V.: De ninguna manera, no era delicado ni procedente. La Corte tiene que juzgar el «corralito» a partir del recurso de amparo que dictaron algunos jueces de primera instancia. Pero la decisión final no está dictada todavía y llegará a la Corte. Recién allí la Corte dará la palabra final. Cualquier cosa que se hubiera dicho habría sido de una imprudencia total y no estaba en mi ánimo poner a los jueces de la Corte en esa situación.
P.: Sinceramente, ¿cree que podrá cumplir sus objetivos en un plazo de sólo dos años, en el mejor de los casos?
J.V.: Es difícil. Podría calificarse de una misión de alto riesgo, pero es menester afrontar ese riesgo por la complicada situación que atraviesa el país.
P.: Viniendo desde un tronco ideológico tan distinto al de gobierno que integra, ¿se siente cómodo?
J.V.: El doctor Duhalde no me puso ninguna condición, ni limitación. Antes del juramento conversé con el Presidente y tuvimos amplias coincidencias sobre las políticas concretas que se irán dictando. En el gabinete no me siento cómodo, sino comodísimo.
Entrevista de Hugo Morales
