Política

Justicia le ordena a la AFI que desclasifique información reservada

Cámara Contencioso Administrativo Federal hizo lugar a parte de un amparo en el que se reclamaba el acceso al presupuesto y gastos de la central de espías.

En plena discusión acerca de la metodología que aplica la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) respecto del manejo de las intercepciones telefónicas legales y su posible responsabilidad en la difusión pública de contenidos con impacto político, la justicia en lo contencioso administrativo federal envió una sutil señal de presión para forzar transparencia. La Sala III de la Cámara de ese fuero hizo lugar parcialmente a un amparo presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), junto a otras organizaciones, y ordenó a la central de espías iniciar el proceso de “desclasificación” de información sensible. Qué acuerdos de intercambio de información con otros países están actualmente vigentes, cómo se administran los fondos reservados –la caja negra siempre bajo sospecha de fondear operaciones “non sanctas”- y cómo opera dentro de la AFI el sistema de captaciones telefónicas eran parte del requerimiento de acceso. La Cámara indicó que no es posible ocultar también el procedimiento regulatorio para tramitar la desclasificación, porque de otro modo sería una traba de acceso a la información.

Las firmas del fallo fueron de Jorge Argento, Carlos Grecco y Sergio Fernández, uno de los camaristas más gravitantes del fuero considerado clave para asegurar la gobernabilidad. Las organizaciones realizaron un pedido de acceso a la información pública en 2017, pero la AFI que conduce Gustavo Arribas se había negado a franquear el acceso a los datos pedidos. Consideró que esos datos tenían carácter reservado. Fue entonces que las organizaciones acudieron a la Justicia alegando que la información referida al régimen de control y administración de fondos que maneja la ex SIDE debía ser pública, independientemente de que éstos sean reservados. De hecho, apenas asumió la administración Cambiemos dictó un decreto, el 656 que derogaba varios tramos de otro dictado en el 2015 por el kirchnerismo cuando reformó la central de espías luego de descabezarla. Ese decreto regulaba que la información presupuestaria de la AFI fuese pública a excepción de lo contemplado para tareas de inteligencia específicas que, de todas formas, debían ser documentadas aunque permanecerían bajo secreto. Con el decreto del macrismo todos los gastos, incluidos los ordinarios, volvían a ser confidenciales. Este régimen formó parte de la queja del reciente informe del relator especial de la ONU acerca del contexto en el que se maneja la inteligencia argentina.

“La circunstancia de que la información requerida se encuentre bajo la órbita de la Ley Nacional de Inteligencia no habilita per se a desestimar un pedido de acceso a su conocimiento, sin evaluar y controlar judicialmente el procedimiento cumplido por el peticionante, así como el acto denegatorio de la Administración, en su caso”, argumentó el fallo de la Sala III. Por último, ordenó que se le otorgue la información referida a la regulación del trámite de desclasificación (disposición, reglamento o cualquier otro acto administrativo). Con respecto al resto de los requerimientos, los magistrados sostuvieron que no resulta posible atribuir a la AFI “un actuar manifiestamente arbitrario o ilegítimo, en tanto presupuesto de admisibilidad formal de la vía del amparo”.

“No puede negársele el acceso a la parte actora a la reglamentación a la que se halla sometida el procedimiento de desclasificación de la información”, indicaron los jueces. No se trata de una desclasificación total, sino de habilitar el procedimiento que permitiría evaluar si se fundamentó de manera correcta la solicitud de acceso a la información pública que, además del CELS, interpusieron la Asociación por los Derechos Civiles(ADC), la Fundación Vía Libre, y el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSD).

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