Kirchnerismo ahora pide reunión urgente con Rosatti para activar ya el Consejo de la Magistratura

Los interbloques del Frente de Todos piden medidas “ante los gravísimos hechos en los que aparecen vinculados cuatro jueces federales, funcionarios macristas y empresarios de medios”, en referencia al viaje al sur realizado en octubre pasado. Diferencia en explicaciones de legisladores según la Cámara.

En una conferencia realizada en el salón de Pasos Perdidos del Congreso -que conecta ambas Cámaras-, diputados y senadores del cristinismo realizaron ayer una pseudoconferencia de prensa no tanto para repudiar el fallo del Tribunal Oral Federal 2 contra la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Cristina Fernández de Kirchner, sino para informar la presentación de una nota dirigida al el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, para tener una audiencia urgente con el fin de activar del demorado Consejo de la Magistratura. El objetivo real del kirchnerismo es que se investiguen, según un comunicado, los “gravísimos hechos en los que aparecen vinculados cuatro jueces federales, funcionarios macristas y empresarios de medios” que viajaron juntos al sur en octubre pasado.

La jugada del cristinismo, en realidad, choca con lo que ocurrió en los últimos días referido al Consejo. De hecho, una serie de movimientos cruzados entre el titular del interbloque kirchnerista en Diputados, Germán Martínez, y la presidenta del Cuerpo, Cecilia Moreau, sumados a un fallo que desactivó la butaca de la radical Roxana Reyes, bloquearon la asunción de los cuatro diputados en la Magistratura y, por ende, su funcionamiento. Sin embargo, en las últimas 72 horas, y tras el agite oficialista por la reunión entre jueces, políticos y empresarios -incluso, con cadena nacional de por medio-, la estrategia viró.

Cuatro integrantes del kirchnerismo hicieron uso de la palabra. En primer lugar, estuvieron las senadoras Lucía Corpacci y Juliana di Tullio, quien convirtió a la conferencia en un extenso discurso en modo recinto. “Lo que le pasa a Cristina es lo mismo que le pasó a Perón y a Eva, pero el tiempo pondrá las cosas en su lugar”, aseguró la primera. Y agregó: “El Poder Judicial, cuando actúa de mala fe, debería tener un juicio de mala praxis y ese juicio lo debería realizar el Consejo de la Magistratura”.

“No existe más Poder Judicial de la Nación en la Argentina, se ha lo reemplazado por una verdadera mafia judicial, empleada de los poderes económicos más grande que hay el país”, disparó Di Tullio, quien solicitó a “toda la sociedad argentina” a “hacerse cargo de este problema”, debido a que los magistrados toman decisiones sobre “la vida, los bienes y las libertades de los argentinos y las argentinas”.

Sin tanta militancia y de manera más concisa y técnica, la diputada Vanesa Siley explicó que “Rosatti también se autoproclamó presidente del Consejo de la Magistratura, sólo se realizaron dos reuniones plenarias del Consejo”, y que las demoras generaron que todavía queden sin cubrir cargos en el fuero Civil y el fuero Penal. En esa línea, dejó claro que “la gravedad institucional llega a tal punto que hoy hay la crisis es administrativa” y que, con sus decisiones, “la Corte Suprema infringió la división de poderes y tiene de rehén al propio Poder Judicial también”.

En último lugar disertó Martínez, que señaló que el planteo a Rosatti “fue con serenidad y respeto, pero con mucha convicción y firmeza para solucionar en forma urgente esta situación planteada”.

Fe de vida

Un proyecto de ley que tiene por objeto la eliminación del trámite de actualización de “Fe de Vida” que deben presentar jubilados y pensionados que integran el Sistema Integrado Previsional Argentino y de Pensiones No Contributivas para el cobro de sus haberes mensuales obtuvo ayer dictamen unánime de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado.

De los aproximadamente 7,3 millones de pasivos del sistema previsional, más de 3,2 millones no deben presentar su fe de vida a partir de acuerdos entre el Estado y algunas entidades bancarias, en su mayoría, del sector público.