Novedades Fiscales

La hipocresía fiscal, como parte de hipocresía política

Las negociaciones dentro del marco de la discusión parlamentaria no siempre tienen como objetivo final lograr establecer la mejor de las opciones en materia tributaria.

Semanas atrás, el gobernador de Salta “sugirió” al gobierno nacional, si pretendía el apoyo de los gobernadores de su signo político para aprobar el presupuesto 2019, que debía volver a aplicar el horrendo impuesto sobre los bienes personales, que grava, entre otros activos, inmuebles, además del impuesto inmobiliario urbano, automóviles, con nueva y mayor valuación en breve, además del impuesto de patentes, colocaciones financieras internas y externas de los resignados residentes locales.

1| El impuesto sobre los bienes personales

El gobernador destacó que se trata de un impuesto directo. De ello colegimos que se refirió a su carácter progresivo. La mencionada “sugerencia” nos trajo a colación aquella antigua expresión que dice “haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago”. Ello se apreciará en el desarrollo del artículo, en el que también nos ocuparemos del permeable e inexplicable gobierno nacional.

Lo que el gobernador y el resto de los políticos no saben y nunca supieron, es que el impuesto, en versión bienes personales, único en el mundo, es una obra maestra del terror, y, asimismo, es un tipo de imposición inadecuado, por sus efectos, para un país de las características del nuestro.

El impuesto al patrimonio neto de las personas físicas, versión superior de la imposición patrimonial, del que fuimos redactores, se introdujo en 1973, bajo el supuesto que el mismo coadyuva, junto al impuesto a las ganancias, a medir mejor la capacidad contributiva de tales personas, al considerar patrimonio e ingresos.

Es habitual que en los países de democracias reales se lleve a cabo un detenido análisis, previo a incorporar un tributo al sistema impositivo, evaluándose su impacto económico y financiero sobre el contribuyente como también, con prudencia y sensatez, más aún frente a un impuesto del tipo que nos ocupa, el modo en que este repercute en la formación del ahorro. Ello reviste particular importancia en función de objetivos nacionales. No obstante, tales aspectos suelen soslayarse en Argentina porque, en rigor, lo trascendente es recaudar, de cualquier modo, alimentando al ogro voraz, al insaciable erario público, para, entre otros fines, en general mal cumplidos, sufragar múltiples disparates.

La política tributaria es una cuestión muy delicada, de enorme importancia en las democracias reales. Los cambios al sistema impositivo no surgen de buenas a primeras y menos aún de coacciones o “arreglos” entre gobierno y oposición, como es costumbre por estas latitudes, la primitiva y tosca “toma y daca”.

El desaguisado “bienes personales”, llamado pomposamente “impuesto a la riqueza” por gente mal informada, surgió de la noche a la mañana en 1996, así nos va, impulsado por el deteriorado Congreso Nacional, a fin de incorporar al esquema impositivo entonces vigente un instrumento fiscal “progresivo” para ayudar “a los jubilados”. Durante muchos años los “ricos”, quienes tenían un activo superior a 10.000 dólares, fueron contribuyentes de este impuesto. Una locura.

El supuesto teórico relativo a considerar los ingresos y “patrimonio neto” de las personas humanas para estructurar una tributación progresiva, con el objeto de resolver distorsiones en la distribución del ingreso, suena fascinante, tiene algo de piedra filosofal en la justicia tributaria, ya que, en evaluaciones superficiales, ofrece un halo especial que la convierte en una suerte de símbolo de perfección impositiva en su máxima expresión.

Sin embargo, el impuesto al patrimonio neto no se difundió en países normales. Fue el impuesto a la renta el que se consolidó, más allá de sus falencias, en el instrumento tributario progresivo indiscutido de la democracia moderna. El citado tipo de imposición patrimonial solo se aplica en una mínima cantidad de países, países que, además, presentan contextos socio-económicos muy distintos al nuestro.

Si bien lo destacamos en numerosas oportunidades, en un artículo de pocos años atrás(1) citamos un trabajo de Noboru Tanabe, publicado en el año 1969 en los Cuadernos de Finanzas Públicas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Dicho trabajo explica la experiencia japonesa en la aplicación del citado impuesto al patrimonio neto.

Atendiendo al mencionado supuesto teórico, el Gobierno de Japón impuso este tipo de tributo a mediados de los ´60. El Ministerio de Finanzas (Okura-sho) prestó especial atención a sus efectos y, luego de dos años de vigencia, propuso su eliminación del sistema tributario japonés.

Las razones que contribuyeron a la derogación del impuesto fueron muy claras y precisas. El japonés es una persona con alta propensión al ahorro. Sin embargo, durante el tiempo de vigencia del tributo hubo un muy relevante crecimiento del consumo y, en paralelo, un fuerte ocultamiento de ahorros, actitud no habitual. Fue el modo en que reaccionó el ciudadano japonés frente al tributo.

En los fundamentos de su derogación, el gobierno japonés señaló que el objetivo del país era el de alcanzar un alto grado de desarrollo económico, nos ubicamos a mediados de los ´60, siendo uno de sus pilares el ahorro interno. Por tal motivo, a la luz de los efectos perversos detectados en la conducta de la población, consideraron que el tributo, con independencia de concepciones teóricas, estaba en pugna con el mencionado propósito. Japón mostró, una vez más, su típica prudencia y sensatez. Esos efectos perversos se produjeron en nuestro país, con el agregado que aquí eran contribuyentes, en la ingente miopía que nos caracteriza, las personas de clase media baja y de clase media, que no “ricos” según estándares internacionales.

2| El Impuesto Inmobiliario Rural

Existe otra forma de imposición directa, progresiva, el impuesto inmobiliario, tributo que es parte de los sistemas impositivos de los estados democráticos consolidados, que soslayó el aludido gobernador. Este impuesto, impuesto a la tierra, aquí inmobiliario rural, se remonta al siglo XVII con aportes posteriores de los fisiócratas y de economistas clásicos. Empero, recién en el siglo XIX se sentaron las bases para incorporar este impuesto como fuente de ingresos del estado(2). El tributo, perdura a través de los tiempos y no resulta un obstáculo, según datos de la realidad, para el desarrollo y competitividad del sector agropecuario en los países que lo aplican, aventando críticas.

El tributo muestra un alto nivel de recaudación que oscila entre el 2,6 y el 3 por ciento del PBI, en países como Australia, Canadá y Estados Unidos, entre otros. En nuestro país es aplicado por las provincias y solo representa, junto con el inmobiliario urbano, el 0,4 por ciento del PBI (2017). La imposición externa representa entre 6,5 y 7,5 veces el impuesto inmobiliario local. El aporte de este impuesto disminuyó en nuestro país (0,6% en 1990). La recaudación en relación a los países citados es “extrañamente” baja. Hay una muy significativa desproporción entre el valor de mercado del inmueble rural y la valuación sujeta al pago del impuesto inmobiliario.

Es probable que ciertos gobernadores, dueños de extensos y valiosos campos, paguen muy poco impuesto inmobiliario, beneficiándose de esas “extrañamente” bajas valuaciones fiscales atribuidos a sus campos. En tal sentido, sería importante que la población conozca el valor de mercado de tales inmuebles rurales y su valuación impositiva en la provincia que gobiernan. Hace unos años, se comentó el caso de un inmueble rural, ubicado a 100 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, de un valor de mercado de U$S 15 millones y de una valuación fiscal, para el impuesto inmobiliario rural, de U$S 5 mil.

La aludida situación muestra una terrible crueldad, toda vez que los gobernadores no trepidaron en aumentar entre tres y cuatro veces el regresivo impuesto a los ingresos brutos, forma arcaica de imposición, que impacta en forma directa en las personas de menores ingresos, las más necesitadas, esas a las que dicen representar y proteger. La tasa general de este tributo se ubicaba, a principios de los ´90, entre el 1 y el 1,5 por ciento. En la actualidad la tasa alcanzó un nivel, según el caso, entre el 4 y el 5,5 por ciento. Este injusto y primario tributo representa casi el 75 por ciento de la recaudación provincial y el 4 por ciento del PBI nacional.

El impuesto inmobiliario, por el muy bajo aporte del rural, solo recauda el 0,4% del PBI(3) (2017). En términos de la recaudación total, suma de nación y provincias, ingresos brutos representa el 12,7% mientras que el inmobiliario el 1,3%. El impuesto regresivo recauda 10 veces el impuesto inmobiliario. De esto no se habla.

Cuando nos referimos a la hipocresía tributaria, como parte de la hipocresía política, pensamos en lo sugerido por el gobernador de Salta. En tal sentido, dicho gobernador debería ser uno de los primeros en mostrar a la población el valor de mercado y la valuación fiscal de los campos que posee, de manera directa o indirecta. Lo mismo deberían, en su caso, hacer los demás gobernadores o ex gobernadores y familiares de los mismos.

Esta duda, habida cuenta de la dramática situación que padece la provincia de Santa Cruz, se agiganta en el caso de aquellas propiedades (hoteles, campos, estancias, tierras, casas) que, ubicadas en su territorio, pertenecen a conspicuas personas de la misma. Sería oportuno que la población conozca, en todos los casos, tales valores por los últimos 10 años.

3| Palabras finales

Mínimas, está todo dicho. Sin embargo, no podemos soslayar críticas al permeable gobierno actual, a su “voy y vengo”, al quiebre de su compromiso, aumentando, con esta y otras actitudes engañosas, la desconfianza de quienes lo votaron. El gobierno, más allá de crisis, admitió e impulsó aplicar otra vez el espantoso impuesto sobre los bienes personales, siendo que existen otras alternativas, con efectos menos perversos, que brindan mayores recursos. Claro, ello exige imaginación pero esta brilla por su ausencia.

El gobierno da pena y la oposición da lástima. Ello nos convierte en un país muy pobre, pobre de ideas con una muy pobre democracia, solo formal como el federalismo.

*Ex Director Nacional de Impuestos. Ex Presidente del Grupo de Expertos de las Naciones Unidas en Tributación.

1) Figueroa, Antonio Hugo. Requisitos que exige una reforma tributaria. Revista Impuestos. Editorial La Ley SA. Bs.As., Argentina. Junio 2010, página 79.

2) Cuello, Raúl. Sobre el impuesto a la tierra. Checkpoint. La ley Online. Thomson Reuter. 2010

3) Gómez Sabaini, J.C., Giménez, J.P. y otros. Consensos y conflictos en la política tributaria de América Latina. CEPAL (ONU) y Coordinación Española. 2017

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