El vínculo de EEUU con los "Warlords" y la corrupción, catalizadores del retorno de los Talibán

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La salida del Ejército estadounidense de tierras afganas dejó la puerta abierta para el regreso del grupo extremista al poder. Una pregunta sobrevuela en el valle: ¿por qué la guerra más duradera por parte de Washington tuvo un final tan caótico? Un informe del propio Congreso de EEUU dio pistas en 2016 de su posible desenlace.

A meses de cumplirse dos décadas de la invasión, Estados Unidos reagrupó al personal militar que aún queda en Afganistán y emprendió la retirada dejando al país sumido en una crisis supina. Los Talibán, que habían sido removidos del poder en 2001, se hicieron del control de la capital – Kabul – y de casi todo el país en apenas semanas. Mientras el caos se extiende por las calles, una pregunta sobrevuela en el valle: ¿por qué la guerra más duradera por parte de Washington tuvo un final tan caótico? Un informe del propio Congreso de EEUU dio pistas en 2016 de su posible desenlace.

A pocas horas de haber ingresado en el principal bastión del país, el grupo extremista islámico que había gobernado el territorio afgano entre 1996 y 2001, consiguió empujar a un anticipado exilio al presidente Ashraf Ghani para luego confirmar lo que hasta hace meses era impensado: su retorno al poder concretado a partir de una de las avanzadas militares más rápida y con menos enfrentamientos de la historia.

Desde la tranquilidad de quienes se consideran dueños de un país en crisis, los muyahidines se fotografiaron en el interior del Palacio presidencial en un gesto que excedió lo militar y se convirtió en un acto simbólico de una nueva derrota estadounidense. Todo esto mientras los líderes del Talibán observaban desde Pakistán - y a través de una pequeña notebook - el devenir de los hechos que rápidamente ocuparon la centralidad de los medios internacionales.

Los líderes Talibán en Pakistán.mp4

Uno de los líderes talibanes, Abdul Ghani Baradar, junto a otros miembros del movimiento observaban la toma del palacio presidencial afgano en Kabul.

La imagen de los talibanes conquistando el país en apenas semanas quedará marcada a fuego una vez más en la historia de Estados Unidos, principal impulsor de una guerra gestada bajo la excusa de borrar del mapa al grupo terrorista Al Qaeda y a su multimillonario líder saudita, Osama Bin Laden, un mes después de los atentados del 11S.

Las comparaciones con Vietnam, el segundo conflicto bélico más largo de su historia, no se hicieron esperar. “Esto no es Saigón”, se excusó tempranamente Anthony Blinken, secretario de Estado de EEUU.

La frase del funcionario estadounidense esconde una verdad innegable: a diferencia de la guerra de Vietnam, que supuso la derrota ante el comunismo, ahora los estadounidenses abandonan el país por la avanzada de un grupo que, directa o indirectamente, nació bajo su propia tutela durante la guerra civil afgana contra la ocupación soviética.

Lo cierto es que, como ocurrió con el país del sudeste asiático, las advertencias de un final caótico en Afganistán habían golpeado la puerta de la Casa Blanca en numerosas oportunidades, principalmente en voz de propios, más que de ajenos, a través de múltiples informes y análisis al interior del Gobierno.

“Estados Unidos contribuyó al crecimiento de la corrupción inyectando decenas de miles de millones de dólares en la economía afgana, llevando a cabo supervisiones y prácticas de contratación defectuosas, y asociándose con poderosos malignos”. La textual corresponde al informe “Corrupción en conflicto: lecciones de la experiencia de Estados Unidos en Afganistán” (ver aquí) publicado en 2016 por la oficina del Inspector General Especial para Reconstrucción de Afganistán (SIGAR, por sus siglas en inglés).

Talibanes en el palacio presidencial de Afganistán - Credito Al Jazzeera.jpg

El organismo, creado por el Congreso con el fin de recabar información sobre el gasto en la guerra, desplegó en su momento un documento de 164 páginas en el cual abordó el desempeño de los Departamentos de Defensa, de Estado, del Tesoro y de Justicia estadounidenses, como también de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) en el conflicto bélico.

Realizado en base a un análisis forense de los datos vinculados al dinero gastado desde el comienzo de la guerra, y acompañado de una serie de entrevistas a miembros del ejército, el informe repasa detalladamente los efectos de la incursión estadounidense en tierras afganas, tanto a nivel militar como en materia económica.

La invasión de EEUU se produjo en octubre de 2001. Durante los primeros años, los “esfuerzos” del Gobierno estuvieron enfocados en reducir el espacio de acción de Al Qaeda y los Talibán. Con ese objetivo, y sin medir las consecuencias a largo plazo, las agencias de inteligencia apostaron por asociarse con individuos sobre los cuales pesaban numerosas acusaciones delictivas.

Se trataba de los denominados “Warlords” (señores de la guerra) y sus milicias. Según destaca el informe, el vínculo por parte de EEUU estuvo forjado ante la necesidad de “llevar a cabo su misión de contraterrorismo”.

Muchos de estos caudillos estaban acusados de haber cometido crímenes de guerra y graves violaciones a los derechos humanos contra otros ciudadanos afganos, prontuario que la administración estadounidense conocía, según admite el SIGAR.

En las elecciones parlamentarias del 2005, los “Warlords” ganaron legitimidad al ingresar a la Asamblea Nacional a partir del apoyo brindado por EEUU. Una investigación realizada en su momento por la Unidad de Investigación y Evaluación de Afganistán reveló que la conformación del Parlamento incluía “40 comandantes todavía asociados con grupos armados, 24 miembros que pertenecen a bandas criminales, 17 narcotraficantes y 19 miembros que enfrentan graves denuncias de crímenes de guerra y violaciones de derechos humanos”.

Una buena parte de los “caudillos” ganaron suficiente poder de la mano de EEUU como para llegar a posiciones importantes dentro de los distintos estamentos del gobierno “desde donde continuaron con sus prácticas de abusos” de los derechos humanos a través de sus milicias privadas, y dieron rienda suelta a actividades “desenfrenadamente corruptas”, remarca el informe de SIGAR.

Año tras año, Afganistán comenzó recibir cientos de miles de millones de dólares de parte de Washington que iban destinados a gastos militares para el entrenamiento de los 300.000 miembros del ejército local como también para la llamada “reconstrucción” del país. Para una Nación pequeña de 20 millones de habitantes, cuyo PBI en 2002 rondaba los u$s4.500 millones, los mecanismos de control y supervisión del destino de los fondos por parte de EEUU fueron deficiente “y las fuertes presiones para gastar contribuyeron al crecimiento de la corrupción”.

Con un gobierno central débil, los señores de la guerra ganaron impunidad y expandieron su red delictiva. A su vez, el documento manifiesta que, como se podía prever, “no se autocorrigieron al entrar al Gobierno afgano” sino que, por el contrario, vieron la oportunidad para maximizar las ganancias privadas.

Esto ocurrió bajo el conocimiento de las agencias de inteligencia de Estados Unidos, quienes expresaban su “confianza en los Warlords”. No había un motivo particular para ello, sino varios: por un lado, por la obtención de información sobre lo que ocurría en el territorio, además de las ventajas políticas que ofrecían en las principales ciudades y provincias. Al mismo tiempo, estos le permitían multiplicar la fuerza militar y el campo de acción.

“Los Estados (NdR: incluye a miembros de la OTAN) los empoderaron y les brindaron acceso a lucrativos contratos relacionados con la reconstrucción del país y la presencia militar. La asociación de EEUU con estos individuos dio a la población afgana la impresión de que Washington toleraba la corrupción y otros abusos, lo que socavó gravemente su credibilidad”, expresa el documento.

La corrupción fue deteriorando año tras año la confianza del pueblo de Afganistán en el Gobierno de Estados Unidos y al mismo tiempo “alimentó los agravios contra el gobierno afgano”, lo cual, finalmente, contribuyó a “materializar y canalizar el apoyo a la insurgencia” Talibán, según reconoce el texto del SIGAR.

Dentro de las 164 páginas que componen el documento, se destaca la entrevista realizada a Gert Berthold, un perito contable del Ejército, quien grafica la gravedad de la corrupción y cómo el dinero fluía de mano en mano hasta llegar a los miembros del grupo islámico. Luego de hacer una revisión de 3.000 contratos por u$s100.000 millones del Departamento de Defensa, el entrevistado señala que se “encontró que el 18% del dinero fue destinado al Talibán y otros grupos insurgentes" de forma indirecta.

El relevamiento da cuenta del financiamiento indirecto - a partir de la falta de control - que realizó Estados Unidos hacia los talibanes. Asimismo, si se tiene en cuenta el volumen de la torta que se quedaron para sí los funcionarios corruptos y los militares privados, el porcentaje asciende al 40% de dicho gasto de Defensa.

En julio de este año, SIGAR difundió su anteúltimo documento (ver aquí), en el cual repasa los más de 13 años de supervisión de cifras durante los que llevaron a cabo más de 700 entrevistas. Allí volvió a ratificar la existencia de corrupción. Lo hizo luego de dar entidad a las denuncias realizadas por los medios de comunicación que manifestaban la continuidad de dichos mecanismos.

Afganistán
Los talibanes tienen sitiadas tres grandes ciudades en Afganistán.

Los talibanes tienen sitiadas tres grandes ciudades en Afganistán.

“Los reportes reforzaron la narrativa de corrupción desenfrenada y documentaron el desvío de fondos estadounidenses hacia los talibanes y otros grupos insurgentes o criminales”, apuntaron, a la vez que agregaron que “los informes de los medios de comunicación fueron confirmados por una serie de informes oficiales del Gobierno de los EEUU, en los que se criticó el desvío de fondos de desarrollo de USAID”.

Allí dan cuenta de una de las prácticas de corrupción más común en Afganistán: el cambio de manos de los contratos. Esto ocurre cuando un contratista principal vende el contrato a un subcontratista, después de sacar un porcentaje del valor para sí mismo. La práctica se repite sucesivamente hasta que en el final del recorrido, quien se queda con el contrato no puede completar adecuadamente el trabajo con los fondos que quedan disponibles.

El reciente documento también echa por tierra uno de los puntales del programa de recuperación: que la asistencia destinada a las aldeas podría generar mayor estabilidad y en consecuencia minar el apoyo de los grupos insurgentes. Por el contrario, señala que en aquellos pueblos presuntamente controlados por los talibanes, a mayor dinero enviado por EEUU, más grande fue el apoyo al grupo extremista.

El análisis fue realizado entre 2015 y 2016 a partir del programa de Medición de los Impactos de las Iniciativas de Estabilización, mediante el cual buscaron evaluar los efectos de la asistencia para la reconstrucción del país. Del mismo se desprende que las aldeas que recibieron apoyo del USAID obtuvieron menor puntaje en estabilidad en relación con las que no lo obtuvieron.

“Las aldeas que reciben los proyectos de estabilidad de USAID – que continúan vigentes hasta 2023 - obtuvieron puntajes más bajos en estabilidad (…) que pueblos similares que no recibieron tal asistencia. Algunos pueblos supuestamente bajo el control de los talibanes, que recibieron proyectos de estabilidad de USAID mostraron un mayor apoyo a los talibanes”.

La conclusión sorprendió a propios y extraños. “La evidencia empírica a menudo choca con la teoría”, señala el informe.

El resultado no escapa de la realidad. Desde un primer momento, buena parte de la sociedad afgana cuestionó la injerencia estadounidense no solo por la incursión militar sino también por destinar sumas de dinero exorbitantes a través de canales dudosos que fomentaron nuevos mecanismos de corrupción y posibilitaron el crecimiento de los “Warlords”.

En el mismo documento del SIGAR se pone en cifras el desembolso estadounidense exclusivamente para la reconstrucción del país: desde 2001 el gobierno asignó más de u$s104.000 millones. Si se tiene en cuenta el gasto militar, el monto total desembolsado durante la guerra ascendió a u$s1 billón, aunque buena parte del mismo quedó en las empresas armamentísticas de Estados Unidos. Cifras obscenas que no sirvieron para evitar el retorno Talibán sino, por el contrario, contribuyeron al mismo.

Cabe aclarar que en estos 20 años el PBI de Afganistán logró un crecimiento ininterrumpido con picos superiores al 20% que lo llevó desde u$s4.500 millones en 2002 a más de u$s19.500 millones en 2019, según el último relevamiento del Banco Mundial. Sin embargo, y por paradójico que parezca, el gasto estadounidense durante la guerra fue decenas de miles de millones de dólares superior a lo generado por el propio país en 20 años.

El descontrol en el gasto no solo aumentó la corrupción al interior del gobierno afgano sino que favoreció económicamente al resurgimiento de los Talibán, quienes contaron durante dos décadas con una fuente de ingresos inesperada. Al mismo tiempo, los miembros del ejército local “dejaron hacer” y evitaron empuñar las armas ante la avanzada extremista ante la ausencia de representatividad por un Estado derruido.

Actualmente el país asiático se encuentra sumido en el caos y su futuro es incierto. Al mismo tiempo, sobrevuela el temor en buena parte de la sociedad, conocedora de las prácticas violatorias de los derechos humanos de los Talibán. Mientras tanto, EEUU emprende la retirada y busca esconder la mano para que nadie sepa de dónde provino la piedra, aunque en el fondo todos lo saben.

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