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Los funcionarios hicieron esta afirmación al término de una reunión celebrada el martes por la noche entre directivos del Partido Liberal, en la oposición, y la Federación Colombiana de Municipios, para analizar las amenazas contra los alcaldes, concejales y jueces de al menos 25 de los 32 departamentos del país.
El alcalde de Medellín, Luis Pérez Gutiérrez, que preside la Federación, aunque no dijo si está entre los amenazados, manifestó que "se está caminando hacia un golpe de estado", ya que gran parte del país se está quedando sin responsables de las funciones institucionales.
Los alcaldes le reiteraron al Gobierno su petición de que se decrete el estado constitucional de conmoción interior, petición descartada la semana pasada por el presidente, Andrés Pastrana.
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) lanzaron hace dos meses una campaña de intimidación contra los alcaldes para que renuncien a cambio de no ser declarados "objetivo militar", lo que ha provocado una gran cantidad de dimisiones.
El alcalde de Medellín reiteró que las medidas anunciadas "son insuficientes" y rechazó la propuesta de que los jefes municipales despachen desde sitios diferentes, y dijo que "no pueden trabajar desde cafés de mala muerte".
El pasado 28 de junio, Pastrana anunció recompensas de 2 millones de dólares para quien facilite la detención de los jefes de las FARC y de un millón de dólares por los responsables de sus columnas.
Los alcaldes amenazados insistieron en su solicitud de que se convoquen las reservas militares y la concesión de ciertas facultades para controlar el orden público en los municipios.
Por otro lado, el ministro del Interior, Armando Estrada, declaró que se estudia la contratación de seguros de vida para proteger a los alcaldes amenazados.
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