Chicago (EFE, Bloomberg) --El presidente estadounidense George W. Bush presentó formalmente ayer el plan de reducción de impuestos por valor de u$s 674.000 millones en 10 años para revitalizar la economía, mientras que la oposición lo acusó de favorecer a los ricos y crear un estímulo inadecuado.
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En un discurso en Chicago, Illinois, Bush explicó que su plan «promueve el gasto de los consumidores, el crecimiento de las pequeñas empresas, aumenta la confianza en nuestros mercados y da ayuda fundamental a los ciudadanos desempleados». El objetivo es crear 2,1 millones de empleos en tres años, para lo que se aumentan subsidios para ayudar a buscar empleo. Además, la rebaja impositiva alcanzará a 92 millones de ciudadanos, entre ellos el decil de mayor riqueza. En promedio, cada beneficiado no pagará al Estado u$s 1.083 en promedio este año.
La parte más costosa del plan son las rebajas fiscales, especialmente la eliminación de los impuestos a los dividendos que reciben los accionistas (u$s 365.000 millones en 10 años). «No hay mejor forma de ayudar a que nuestra economía crezca que dejar más di-nero en las manos de los hombres y las mujeres que lo ganaron», declaró Bush.
Pero los demócratas criticaron duramente la propuesta. «El programa no estimula la economía, favorece a los ciudadanos estadounidenses más ricos y reventará el presupuesto a largo plazo», dijo John Edwards, senador de Carolina del Norte y aspirante a la candidatura presidencial demócrata. La economía del país creció a un ritmo de 1,5 por ciento en el último tercio de 2002, y el escepticismo crece. La recesión desde marzo de 2001 generó 1,6 millón de desempleados más, alcanzando 6 por ciento de la población.
• Argumento
Los economistas especialistas en temas fiscales, Joel Firedman y Robert Greenstein, estimaron que «si el argumento es que los beneficios corporativos son gravados doblemente, debería tomarse en cuenta que grandes cantidades de ganancias ni siquiera son gravadas». «En los últimos años la evasión ha aumentado», añadieron.
El plan final no incluye transferencias a los estados, que se enfrentan a la peor crisis fiscal en los últimos 50 años, según la Asociación Nacional de Gobernadores. La prohibición legal de tener déficit obligó a muchos estados a reducir los gastos educativos y despedir a empleados.
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