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El referéndum deberá ser convocado en base a una norma legal según la cual el Congreso tiene que convocarla atendiendo a una "iniciativa ciudadana" que cuente con el respaldo del 6 por ciento del total del padrón electoral nacional.
La demanda de autonomías regionales se originó en Santa Cruz como una reacción frente a las protestas sociales de octubre de 2003 en La Paz, contra la eventual exportación de gas por Chile, que obligaron a renunciar al entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.
La protesta también generó una demanda de Asamblea Constituyente para refundar Bolivia y un referéndum sobre el tema de los hidrocarburos, que sirva de base para una nueva ley del sector energético.
En febrero, tras una semana de movilizaciones cívicas, sociales y empresariales en Santa Cruz, el Comité Cívico de ese departamento presentó a la Corte Electoral libros con la firma de 428.105 ciudadanos que pedían la convocatoria al referéndum sobre autonomías.
El Comité Cívico advirtió entonces que si su demanda no era atendida, convocarían ellos mismos a una consulta popular regional.
Hasta el lunes, la Corte depuró y certificó la autenticidad de 299.866 firmas, que superan en 27.962 el mínimo requerido del 6 por ciento del padrón nacional, conformado por 4.531.744 ciudadanos.
Según el vocal electoral Salvador Romero, el Congreso debe ahora convocar la consulta popular a realizarse 90 días después de promulgarse la ley de convocatoria.
El Comité Cívico de Santa Cruz, por su parte, anunció que también hoy iniciará una campaña a nivel nacional para que la gente vote a favor de la implantación de autonomías regionales en el país.
"Esta es una victoria no sólo de Santa Cruz, sino de todo el país, que está cansado del sistema centralista. Queremos llegar a todos los departamentos (provincias) para que se conozca nuestra propuesta, que han tratado de desvirtuar", dijo German Antelo, Presidente del Comité.
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