La Justicia boliviana investiga a Romer Saucedo por supuesto tráfico de sustancias controladas y organización criminal. El magistrado abandonó el país junto a su familia y denunció una persecución política. El TSJ le dio seis días para retomar sus funciones.
Bolivia vive un nuevo escándalo institucional.
La Fiscalía General de Bolivia confirmó que existe una orden de aprehensión contra el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, en el marco de una investigación por presunto tráfico de sustancias controladas y organización criminal. La disposición fue emitida el martes 3 de noviembre, un día antes de que el magistrado anunciara que había abandonado el país junto a su esposa y sus hijos.
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El fiscal general del Estado, José Armando Urioste, confirmó que el mandamiento está vigente y explicó que la causa fue declarada en reserva por la participación de testigos protegidos. Según un reporte de Unitel, el documento sostiene que existen indicios para considerar a Saucedo probable autor de los hechos investigados.
“Se ha librado la orden, está corriendo. Es efectiva la orden y la han dado los fiscales del caso”, afirmó Urioste.
La orden fue firmada por dos fiscales a cargo de la investigación. La confirmación de la medida se conoció después de que Saucedo comunicara su salida de Bolivia y denunciara que su vida y la de su familia estaban en peligro.
“He salido sin tener procesos abiertos, pero sé que empezarán pronto”, manifestó el magistrado investigado, quien se definió como un "perseguido" por "cuestionar al poder político".
Urioste también señaló que las autoridades tienen información sobre un viaje al exterior del presidente del TSJ y que, tras regresar a Bolivia en la víspera, habría vuelto a salir del país por vía terrestre.
“Van a proseguir las investigaciones, van a continuar su curso, en el momento están declaradas en reserva por el tema de testigos protegidos, pero todo eso va a avanzar”, agregó el fiscal general.
Saucedo fue elegido magistrado del Tribunal Supremo de Justicia mediante el voto popular en las elecciones judiciales de 2024, para un mandato de seis años. En julio, había presentado su renuncia a la presidencia del organismo, que se hará efectiva en enero de 2027. Sin embargo, en su mensaje de este miércoles ratificó que no dejará de ser magistrado.
En paralelo, el Tribunal Supremo de Justicia resolvió otorgarle a Saucedo el plazo de seis días previsto por ley para que vuelva a sus funciones en Sucre, capital constitucional de Bolivia y sede del órgano judicial. Si no se presenta, se analizarán las acciones legales correspondientes para cubrir su lugar ante un eventual abandono del cargo.
El viceministro de Régimen Interior y Policía, Peter Maldonado, vinculó la salida del magistrado con la situación del exfiscal general Roger Mariaca, quien fue encarcelado y destituido en octubre, acusado por el Gobierno de encabezar una organización criminal que protegía al "narcoterrorismo".
“Muchos de los cómplices de Mariaca y de la delincuencia están escapando y se están poniendo a buen recaudo”, afirmó Maldonado.
Por su parte, el presidente boliviano Paz, quien se encuentra en Madrid para participar en la XXX Cumbre Iberoamericana, calificó la salida de Saucedo como una "penosa noticia, pero es alentador a futuro". También consideró que el magistrado se fue del país por "una serie de acusaciones o investigaciones sobre nuestro modelo de sistema judicial".
El presidente del TSJ comunicó su decisión a través de las redes sociales, donde afirmó que se encontraba en el exilio junto a su familia y cuestionó las condiciones institucionales del país: “Bolivia dejó de ser un país seguro. Mi libertad y la vida de toda mi familia corren peligro”, escribió en Facebook.
Saucedo sostuvo que en Bolivia no existen garantías para quienes cuestionan al poder político y denunció asesinatos de magistrados con impunidad: “Pasaré a engrosar la lista de aquellos que, en tiempos de democracia, aún son perseguidos. Le contaré al mundo que en mi país es pecado cuestionar al poder político y que se asesinan magistrados con total impunidad y complicidad de las esferas del poder”, remarcó.
“Mi exilio no significa una renuncia. La Sala Plena del TSJ tiene quórum para funcionar aún sin mi presencia”, afirmó sobre sus funciones en curso.
Sobre un eventual regreso, dijo que volverá cuando existan condiciones y cambios que garanticen su seguridad y la de su familia. En ese sentido, acusó al poder político de utilizar la detención preventiva contra quienes no coinciden con sus posiciones y de recurrir a sicarios para silenciar a sus críticos.
Además, señaló que el gobierno de Paz tendría un acuerdo con su suplente y reiteró que no dejará el cargo. En octubre, había anunciado que la Sala Plena eligió al magistrado Carlos Ortega para asumir la presidencia del TSJ a partir del 4 de enero de 2027, luego de que él presentara su renuncia una vez finalizadas las vacaciones judiciales.