La oposición brasileña acusó hoy a la presidenta, Dilma Rousseff, de "presionar" personalmente a congresistas para impedir la formación de una Comisión Investigadora sobre el desvío de dinero público en favor de empresas constructoras.
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"Un senador me llamó para decirme que recibió presiones, inclusive de la presidenta Dilma" para no apoyar a la comisión que debe averiguar presuntos ilícitos en el ministerio de Transportes, señaló el jefe del bloque de senadores del Partido de la Socialdemocracia Brasileña, Alvaro Dias. Además, agregó que el gobierno autorizó cifras millonarias en contratos "adicionales" con empresas constructoras en 2010.
Ese tipo de contratos se firman para ampliar obras licitadas y no son sometidos a competencia entre ofertantes, lo cual suele ser un atajo para estafas, explicó Dias. Según el congresista, hay "fuertes" indicios de que las empresas favorecidas en 2010 por el gobierno del expresidente Luiz Lula da Silva financiaron la campaña electoral de Rousseff.
Precisamente el mes pasado renunció el ministro de Transportes, Alfredo Nascimento, que ejercía el cargo desde 2007, acusado de negocios ilegales con empresas.