Brasilia (AFP, ANSA, DPA) - Roseana Sarney, la candidata presidencial del Partido del Frente Liberal (PFL), que peleaba cabeza a cabeza en las encuestas al izquierdista Luiz Inacio «Lula» da Silva, cayó cinco puntos de cara a las elecciones de octubre, en momentos en que se puso en marcha una nueva investigación por otro presunto defalco al Estado del que la actual gobernadora de Maranhao sería protagonista.
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El último miércoles el PFL rompió la coalición gubernamental con el presidente Fernando Henrique Cardoso,luego de que Sarney amenazara con renunciar a la candidatura.
Según el sondeo de la consultora Vox Populi, publicado por la revista «Veja», Sarney, gobernadora del Estado de Maranhao, pasó de 25 por ciento de las intenciones de voto en febrero a 20 por ciento la semana pasada, después del allanamiento.
Una empresa de Sarney y de su marido fue allanada el 1 de marzo y se incautó de 600.000 dólares en efectivo y documentos, en el marco de una investigación sobre malversación de fondos en la ex Superintendencia para el Desarrollo de la Amazonia (SUDAM). A raíz de este escándalo, el PFL abandonó la coalición gubernamental, acusando al entorno del mandatario de hacer una maniobra para beneficiar al candidato preferido del presidente, José Serra, ex ministro de Salud y miembro del gubernamental Partido Social Demócrata Brasileño (PSDB). Los analistas cercanos a Cardoso entienden que Serra y Sarney compiten por el mismo mercado electoral, y una postura más moderada que representaría el PSDB podría socavar la base electoral de izquierda de Lula.
Lula da Silva pasó de 26% a 28% de las adhesiones, según la encuestadora, aunque la revista no dio datos técnicos del sondeo. Serra pasó de 13% a 14% de las intenciones.
Sarney ahora deberá hacer frente a una nueva denuncia publicada ayer por «O Estado de S. Paulo». Se trata del caso del Proyecto de Maranhao, que nunca se concretó en la práctica, para la fabricación de autopartes, y que fue aprobado en tiempo récord a un costo de u$s 15 millones. Ese dinero fue aportado por la misma SUDAM relacionada con el caso anterior. Los procuradores de la República, Kelson Pinheiro Lages y Carlos Wagner Barbosa Guimaraes, informaron que existen pruebas «muy fuertes» de irregularidades. «Sarney estaría sujeta a la suspensión de derechos políticos por 8 años, pérdida de mandato, resarcimiento de los perjuicios y una multa equivalente hasta dos veces el valor del daño», dijo uno de los procuradores. Otras fuentes revelaron que habría escuchas telefónicas que comprometerían seriamente a toda la familia Sarney.
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