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El informe hace un diagnóstico del sector desde la privatización del Sistema Telebras y sugiere al gobierno que adopte un nuevo modelo para su gestión.
Los autores proponen fortalecer el ministerio de Comunicaciones, en detrimento de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (ANATEL), responsable de la regulación del sector, y cambiar las reglas y criterios de universalización del servicio para que un mayor número de personas tenga teléfono fijo. Por último, defienden la intervención gubernamental a la hora de establecer los criterios de acción, para no dejar todo en manos de la competencia donde ésta es « naturalmente imposible» y no inhibirla donde «es naturalmente viable».
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