El Congreso despachó a ley el principal proyecto económico del Gobierno, aunque el Ejecutivo impulsará un veto parcial y varias normas serán revisadas por el Tribunal Constitucional.
El Congreso chileno aprobó la principal reforma económica impulsada por el presidente José Antonio Kast.
El Congreso de Chile aprobó este martes la megarreforma económica impulsada por el presidente José Antonio Kast, un proyecto que busca estimular el crecimiento, reducir impuestos e incentivar las inversiones. Sin embargo, la aplicación de la norma no será inmediata, ya que el Gobierno anunció un veto para modificar algunos artículos y varias disposiciones quedaron sujetas al análisis del Tribunal Constitucional.
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La iniciativa representa la principal apuesta económica de José Antonio Kast desde que asumió la Presidencia en marzo con la promesa de reactivar la economía chilena después de varios años de bajo crecimiento.
Tras la votación en el Congreso, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, destacó el alcance de la reforma y sostuvo que marcará un cambio de rumbo para el país. "Con esta ley que hoy día termina su tramitación, Chile comienza nuevamente a crecer, vuelve a abrirle las puertas a la inversión, al emprendimiento, al progreso", afirmó ante la prensa.
El funcionario agregó que el Ejecutivo continuará impulsando nuevas iniciativas económicas. "Después de esta iniciativa, vendrán más, todas dirigidas a seguir recuperando el camino extraviado del progreso y del crecimiento", aseguró.
La denominada "megarreforma" modifica 36 leyes y 15 decretos e incorpora una amplia batería de medidas destinadas a mejorar el clima de negocios y promover nuevas inversiones.
Uno de los puntos centrales es la reducción gradual del impuesto a las empresas, que pasará del 27% actual al 23% en 2029. El Gobierno considera que la rebaja tributaria favorecerá la llegada de capitales y estimulará la actividad económica.
El proyecto también contempla disposiciones vinculadas con la recuperación de zonas afectadas por incendios, la relocalización de concesiones acuícolas y otros cambios regulatorios que impactan sobre distintos sectores productivos.
Pese a que la reforma fue despachada por el Congreso, el Ejecutivo adelantó que impulsará un veto parcial para eliminar algunos artículos incorporados durante el debate legislativo.
Según confirmó Jorge Quiroz, el Gobierno intentará retirar las disposiciones referidas al derecho al olvido financiero, los cobros de intereses sobre intereses y los cambios en los plazos de pago a las pequeñas y medianas empresas, fijados en 30 días. Esas modificaciones deberán volver a ser tratadas por el Congreso y, por el momento, no existe un plazo definido para ese proceso.
Al mismo tiempo, el Tribunal Constitucional deberá pronunciarse sobre distintos artículos cuestionados por la oposición.
Entre los aspectos que quedaron bajo revisión figuran las normas relacionadas con las concesiones de acuicultura, los procedimientos de calificación ambiental, incluidas las compensaciones para inversores, y la invariabilidad tributaria prevista para nuevos proyectos de inversión.
La resolución del máximo tribunal será determinante para establecer el alcance definitivo de una reforma que el Gobierno considera fundamental para mejorar la competitividad del país.