El presidente de Chile, Gabriel Boric.
El gobierno de Gabriel Boric en Chile defendió la instauración de una diálogo con los mapuches como el camino para mejorar la seguridad en el sur del país, zona de conflicto, y tras dar marcha atrás con la extensión del estado de excepción que otorga más competencias a las Fuerzas Armadas.
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El subsecretario del Interior de Chile, Manuel Monsalve, dijo que el gobierno insistirá en el camino del diálogo para la búsqueda de la convivencia en paz en el sur, en el marco de las críticas por no ampliar el estado de excepción constitucional a la región de Los Ríos.
“Nos parece que es el único camino que permite la convivencia pacífica de manera sostenible en el tiempo”, afirmó el funcionario en declaraciones a radio Cooperativa.
“La arista de seguridad no es la que va a encontrar la solución al conflicto en la Macrozona Sur. El presidente lo ha dicho: conflictos de esta envergadura, de este carácter histórico, requieren de acuerdos políticos y la ministra del Interior (Izkia Siches) anunció un proceso de diálogo acompañado por las Naciones Unidas”, agregó.
Además, salió en defensa de la postura del gobierno de Gabriel Boric por las críticas que recibió tanto desde el oficialismo como de la oposición.
“Estuve en Los Ríos sentado con varias autoridades políticas y parlamentarios, y la opinión mayoritaria era que había que tener mejores condiciones de seguridad sin estado de excepción”, indicó Monsalve.
El funcionario informó que en el último semestre del 2021 ocurrieron 30 hechos de violencia rural en Los Ríos, mientras que en lo que va de 2022 sucedieron 36.
El conflicto en esta zona de Chile lleva décadas y se debe a una disputa territorial entre el Estado, algunas comunidades mapuches y empresas forestales que explotan tierras consideradas ancestrales por los pueblos originarios.
Actualmente, las Fuerzas Armadas colaboran con las policías en la Región de La Araucanía y dos provincias de la del Biobío desde el 17 de mayo pasado, cuando el presidente Gabriel Boric decretó el estado de excepción constitucional de emergencia en la zona, ratificado cada 15 días por el Congreso a solicitud del Ejecutivo.
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