La mayor guerrilla izquierdista de Colombia dejó en libertad a 10 campesinos que secuestró hace casi un mes en una región montañosa del suroeste del país, informó el Ejército.
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Los rehenes, secuestrados el 20 de diciembre cerca del pueblo de Cubarral, en el departamento del Meta, aparecieron en una carretera que atraviesa una zona montañosa del departamento de Cundinamarca, en donde el Ejército interceptó un autobús en el que viajaban horas después de que fueron liberados.
Los campesinos, quienes permanecieron en poder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), fueron trasladados en dos helicópteros militares a la ciudad de Bogotá, en donde fueron presentados a la prensa.
"En 26 días de cautiverio se vive un infierno, no le deseo a ningún colombiano ni a ningún ser humano esta odisea que nosotros vivimos, estamos vivos porque arriba hay un ser poderoso que todo lo mira", dijo Antonio Arango, uno de los 10 labriegos liberados.
"A nosotros únicamente nos daban las comidas, dormíamos y caminábamos", agregó el campesino, quien aseguró que cuando los secuestraron les dijeron que el objetivo de la retención era llevarlos a un encuentro con un comandante rebelde, situación que no se dio.
Arango, quien vestía botas de caucho y ropa sucia por la travesía, afirmó que los guerrilleros los trataron bien durante el secuestro, les entregaron unas hojas cuyo contenido no reveló y les ordenaron abordar un autobús que los trasladara a Bogotá al momento de liberarlos.
El comandante de la décima tercera brigada del Ejército, general Luis Eduardo Pérez, dijo que desde el momento del secuestro se iniciaron operativos por tierra y aire para tratar de rescatar a los campesinos.
"Venían desplazándose en un vehículo de servicio público y en el control militar de una vía fueron identificados por el Ejército y trasladados a Bogotá en dos helicópteros", precisó el oficial.
La liberación se produjo en momentos en que se espera que las FARC cumplan su promesa de entregar a seis rehenes que hacen parte de un grupo de 28 personas secuestradas por motivos políticos.
Pero la entrega se ha dilatado debido a que la guerrilla ha demandado que sea garante un representante de la comunidad internacional junto con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), mientras que el Gobierno del presidente Alvaro Uribe ha rechazado la participación de gobiernos extranjeros en el proceso.
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